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El ministro de Agricultura @MinAgricultur", Indalecio Dangond, dijo ante las comisiones económicas del Congreso que "campesino es despectivo" y que el Gobierno hablará de "pequeños empresarios del campo". Trabajé seis meses en la Comisión de Expertos que le entregó al Estado la definición de esa palabra y otro tanto como asesor del Consejo Asesor del Sistema Estadístico Nacional — CASEN del @DANE_Colombia encargado de operacionalizar dicho concepto. Vale la pena comenzar esta discusión teniendo en cuenta que en la Encuesta Nacional de Calidad de Vida del DANE, más de diez millones de personas de 15 años y más responden que sí, que son "campesinas". Nadie se los pidió. Y esa pregunta existe porque 1.770 campesinas y campesinos demandaron al Estado por no contarlos, y la Corte Suprema les dio la razón en la sentencia STP2028-2018. El Estado los nombró porque un juez se lo ordenó. La Comisión que salió de ahí, con el @El_Icanh y el DANE, definió al campesinado en cuatro dimensiones. La productiva es solo una entre cuatro. Sin embargo el fondo de este tema es que la palabra "Campesino" nombra a un titular de derechos. Mientras que "Pequeño empresario del campo" clasifica una unidad productiva por su tamaño. El propio Ministerio lo admitió al aclarar que los dos conceptos no son equivalentes. Si no son equivalentes, tampoco son intercambiables. Cambiar el nombre del titular del derecho por una categoría de escala deja sin destinatario la obligación estatal. Eso es lo que creo que está en juego, mucho más que el adjetivo. El artículo 64 de la Constitución, reformado por el Acto Legislativo 01 de 2023, dice que "el campesinado es sujeto de derechos y de especial protección", y su parágrafo 2 crea el trazador presupuestal del campesinado. Un trazador necesita una categoría que rastrear. Si la palabra sale del lenguaje oficial, el instrumento se queda sin objeto. Y no es un detalle que el anuncio se hiciera presentando el presupuesto de 2027, en la misma sesión en que el ministro informó que no habrá recursos para comprar tierras el año entrante. El cambio de nombre y la decisión de gasto viajaron juntos. Dice el ministro que quiere elevarle el estatus a quien produce los alimentos. El estatus no se eleva cambiando el nombre. Se eleva con tierra titulada, crédito, vías terciarias, precios y seguridad. Y si la palabra carga desprecio, ese desprecio viene de una historia de despojo y no del sustantivo. Frente al insulto la respuesta ha sido dignificar al sujeto, nunca borrar la categoría que lo protege. A nivel internacional esa discusión ya tuvo lugar: la UNDROP define al campesino por su vínculo con la tierra y por el trabajo familiar y no monetizado, y la escala de la empresa no es un factor hegemonico allí. Como si lo anterior fuera poco: el 7 de agosto, en su posesión, el presidente De la Espriella dijo: "Campesinos de la patria, ustedes dejarán de sobrevivir para empezar a prosperar", y les prometió ser "un aliado permanente en la defensa de sus derechos". Treinta y dos días después su ministro sostiene que esa palabra es despectiva. O, el Presidente ofendió a diez millones de colombianos desde el Batallón Pichincha, o el ministro no dijo lo que realmente quería expresar. Me inclino por lo segundo. Respetuosamente sugiero que el Ministerio conserve "campesinado" en el lenguaje oficial, como lo manda el artículo 64. Y que la discusión de fondo se dé sobre el presupuesto de tierras de 2027 y sobre el trazador presupuestal. @ANUC_COLOMBIA @agendanacionalc @CN_Campesina @ANZORC_OFICIAL @CNA_Colombia @coord_pupsoc @ACITCAMPESINOS @Dignidad_Agro @MacizoCIMA @AscamcatOficia @CiscaCatatumbo @BaluarteNC