Bea

Óscar Puente acaba de dimitir. ¿Dimisión? ¿Y ya está? ¿Después de las tragedias ferroviarias, las familias destrozadas y todas las preguntas que siguen sin respuesta? ¿Que se marche del ministerio, pase página y aquí no haya pasado absolutamente nada? No, gracias. Yo quiero prisión, no dimisión. Quiero saber qué ocurrió con el mantenimiento de las vías, qué advertencias se recibieron, qué incidencias se conocían y qué decisiones se tomaron antes de que tantas familias vieran sus vidas destrozadas. Quiero saber cuánto dinero se destinó realmente a la seguridad ferroviaria y si se hizo todo lo necesario para evitar una tragedia. Quiero saber quién tenía la responsabilidad de supervisar las infraestructuras y por qué fallaron los mecanismos que debían garantizar la seguridad de los pasajeros. Porque aquí no estamos hablando de un tren que llega veinte minutos tarde como de costumbre. Estamos hablando de dos accidentes en menos de 10 puñeteros meses. De padres que no volvieron a casa. De hijos que no volverán a abrazar a sus madres. De familias que jamás recuperarán lo que han perdido. Y mientras tanto, millones de españoles siguen madrugando, trabajando y pagando impuestos para financiar unos servicios públicos cuya seguridad tienen todo el derecho a exigir. Quiero una investigación hasta el final, responsabilidades políticas y, si se acreditan delitos, responsabilidades penales. Porque si hubo negligencias graves, una dimisión tiene que ser el principio de la rendición de cuentas.