Los países nórdicos suelen presentarse como ejemplos de Estados de bienestar, caracterizados por elevados niveles de gasto público y una amplia oferta de servicios sociales.
República Dominicana presenta debilidades importantes precisamente en aspectos institucionales: obtuvo 39.8 puntos en integridad gubernamental, 40.0 en libertad financiera y 53.9 en derechos de propiedad.
De acuerdo con el Índice de Imperio de la Ley 2026, elaborado por el World Justice Project, República Dominicana obtuvo una puntuación de 0.50 sobre 1, prácticamente igual a la registrada en 2025.
Un Estado de derecho sólido, con reglas claras y aplicadas de manera imparcial, favorece la seguridad jurídica, genera confianza y crea mejores condiciones para la inversión, el emprendimiento y el desarrollo económico.
De acuerdo con datos de la Dirección General de Aduanas (DGA), entre enero-septiembre de 2026 las importaciones nacionales, sin incluir zonas francas, de la República Dominicana ascendieron a US$20,524.3 millones,
Asimismo, evidencia la exposición de la economía a las fluctuaciones de los precios internacionales, especialmente de los combustibles, que pueden repercutir en los costos de producción y los precios internos.
Ante esta realidad, fomentar un entorno favorable a la inversión, la competencia y la productividad contribuiría a fortalecer la capacidad de adaptación de la economía frente a perturbaciones externas.