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📢 UENO: LOS AHORRISTAS Y TODAS LAS PERSONAS POTENCIALMENTE AFECTADAS MERECEN EXPLICACIONES Como abogado y en defensa de los ahorristas, depositantes, inversionistas, usuarios y de todas las personas que pudieran resultar afectadas por las operaciones cuestionadas de Ueno, exijo una rendición de cuentas completa y transparente. La administración del dinero del público y su supervisión tienen responsables institucionales identificables. Juan Manuel Gustale y Federico Miguel Vázquez, como principales autoridades publicadas de Ueno, deben explicar las decisiones adoptadas, los créditos a empresas vinculadas y los análisis, garantías y controles que respaldaron esas operaciones. También corresponde examinar la actuación de Diana Mongelós, Alejandro Gómez Abente, Waldo Emilio Roberto, Carlos Impagliatelli, Diego Duarte, Julio Rey y Mariana Torres, dentro de sus respectivas funciones y períodos, así como la de los suplentes que hayan ejercido efectivamente el cargo. Debe establecerse quién propuso, quién aprobó, quién votó y quién conoció las observaciones. La Gerencia General, identificada en la documentación publicada con Federico Cofman; la Sindicatura, con Miguel Almada; los comités de crédito, las áreas de Riesgos y Cumplimiento y las auditorías deben explicar qué evaluaron, qué advirtieron y qué medidas adoptaron. La revisión debe alcanzar a los controlantes y a las sociedades mencionadas en las operaciones difundidas: Grupo Vázquez, U Paraguay, U Holdings, Mowi, Grupo Hendy, Grupo M, Vinanzas, ITTI, Red Digital, Red Digital de Procesamiento, Tuiu, Franede, Aime, La Tropa, Kasas Propiedades y Sagas. Deben individualizarse sus administradores y beneficiarios efectivos, reconstruirse las transferencias y esclarecerse los cambios de accionistas. También debe verificarse la intervención atribuida en publicaciones a José Sala, Sergio Pizzurno, Vanessa Godoy, Óscar Urdapilleta y Diego Gómez. El BCP también debe rendir cuentas. Carlos Carvallo, Holger Insfrán y María Chiara Renna, cada uno dentro de sus competencias y durante su actuación, deben explicar cuándo conocieron los hallazgos, cómo tramitaron las advertencias de Fernando Rivarola y qué medidas adoptaron. Deben documentarse las abstenciones y el tratamiento de posibles conflictos de interés. También corresponde escuchar a Carlos Pereira, quien expresó su preocupación por la protección de los fondos del IPS y planteó la necesidad de contar con información y garantías sobre esas colocaciones. Las propuestas deben discutirse con argumentos técnicos y transparencia, poniendo por delante la seguridad de los ahorros y los intereses de los jubilados. Al presidente Santiago Peña le corresponde responder políticamente por las decisiones del Ejecutivo relacionadas con este caso y garantizar el respeto a la independencia del supervisor. Exigir explicaciones no equivale a declarar culpables. Las responsabilidades administrativas, civiles y penales deben establecerse individualmente, con pruebas y debido proceso. Cada decisión debe tener un respaldo y cada actuación debe poder explicarse. La protección de los ahorros, la transparencia y el cumplimiento de la ley deben estar por encima de cualquier interés empresarial o político.