Fco. Lora

SALARIO MÍNIMO Y LEY DE MIPYMES: LA SENTENCIA DEL TC El Tribunal Constitucional, mediante sentencia TC/1102/26 de fecha 28 de octubre del 2026, rechazó nuestra acción contra la Resolución CNS 01-2025, sobre salario mínimo para los trabajadores del sector privado no sectorizado. Respeto la decisión de nuestros magistrados, pero considero que varios planteamientos centrales merecían una respuesta más concreta. El principal cuestionamiento nuestro fue que una resolución administrativa, de inferior jerarquía, se apartaba de disposiciones establecidas por el legislador en la Ley 488-08 sobre Mipymes, modificada por la Ley 187-17. También cuestioné las restricciones sobre el trabajo a tiempo parcial y sus consecuencias salariales. La crítica comprende el conflicto normativo denunciado y las razones ofrecidas para descartarlo. I) Una ley superior que la resolución debe respetar La clasificación empresarial no es un terreno jurídicamente vacío. La Ley de Mipymes regula el tamaño empresarial mediante personal y ventas, con reglas de combinación y actualización. Mi acción denunció que el Ministerio de Trabajo, al aprobar la resolución salarial, se apartaba de esos parámetros. La pregunta constitucional era si la Administración ejercía una competencia atribuida por la ley o sustituía, mediante una resolución, decisiones ya adoptadas por el legislador. La finalidad salarial no concede, por sí sola, autorización para desplazar una norma superior. Existe, además, un fundamento que refuerza esta crítica: el artículo 2 bis de la Ley 488-08, añadido por la Ley 187-17, ordena utilizar la clasificación legal a las instituciones que diseñan e implementan, entre otras, medidas de regulación dirigidas a Mipymes. Correspondía explicar cómo se relaciona ese mandato con la clasificación salarial validada. II) La indexación permite identificar el choque denunciado El artículo 2, párrafo II, de la Ley de Mipymes dispone indexar anualmente los umbrales de ventas conforme al IPC (Índice de Precios al Consumidor) y encarga al Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES (MICM) publicar los valores actualizados. Mi acción identificó la resolución MICM 079-2025 y cuestionó la falta de actualización de los valores utilizados por el Ministerio de trabajo a través de la resolución del Comité Nacional de Salarios para los empleados de empresas del sector privado no sectorizado. La resolución CNS 01-2025 del Ministerio de Trabajo conserva los topes nominales de ventas brutas fijados en 2017, no observando al mecanismo de actualización previsto en la Ley de Mipymes y a los valores actualizados publicados por el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Esa omisión de la resolución salarial del sector privado no sectorizado del Comité Nacional de Salarios del Ministerio de Trabajo puede elevar la categoría salarial de una empresa por el aumento nominal de sus ventas, aunque no exista un crecimiento equivalente de su actividad. Debió examinarse si la competencia para fijar tarifas permite al Comité Nacional de Salarios IGNORAR de la actualización establecida en una ley superior, como lo es la Ley de MIPYMES. III) Legalidad y constitucionalidad ante una denuncia de exceso normativo En los párrafos 10.3 y 10.4, el TC dejó fuera de su examen determinados cuestionamientos por entender que eran asuntos de legalidad que correspondían a la jurisdicción contencioso-administrativa. Mi planteamiento era que una resolución administrativa de inferior jerarquía desplazaba parámetros fijados por la Ley de Mipymes y, al hacerlo, invadía una materia reservada al legislador. Comparar la resolución con la Ley de Mipymes permitía identificar en qué consistía la extralimitación denunciada. Una infracción legal, por sí sola, es insuficiente para establecer una violación constitucional. En mi acción, el contraste con la ley servía de base para una pregunta distinta. ¿Excedió el Comité Nacional de Salarios su potestad al apartarse de los parámetros fijados por el legislador? El Tribunal debía explicar qué cuestiones correspondían al contencioso administrativo y cuáles eran pertinentes para examinar la denuncia sobre reserva de ley y separación de poderes. Esa distinción era especialmente necesaria porque, después de dejar fuera parte de los cuestionamientos por considerarlos de legalidad, el propio TC se pronunció sobre la relación entre ambas normas y concluyó que la resolución salarial no modificaba el régimen legal de clasificación de las Mipymes. IV) El Costo de Ignorar la indexación: El problema se entiende mejor con dos ejemplos hipotéticos. En ambos, suponemos que los trabajadores cobran el salario mínimo de su categoría y que la cantidad de empleados se mantiene entre abril y diciembre de 2025: a) Una pequeña empresa tratada como mediana: Pensemos en una empresa con veinte trabajadores y RD$70 millones en ventas brutas anuales. Conforme a los parámetros actualizados mediante la Resolución MICM 079-2025, esta empresa es pequeña. Sin embargo, la resolución salarial del Ministerio de Trabajo la considera mediana, porque mantiene para las pequeñas un límite de ventas de RD$54 millones, al no utilizar el tope actualizado para 2025 del Ministerio de Industrias y Comercio de RD$77,084,018.72, establecido en cumplimiento del mandato de indexación de la Ley de Mipymes. La diferencia entre ambos topes supera los RD$23 millones.Dentro de esa franja, una empresa debería seguir siendo considerada como pequeña conforme a los parámetros legales actualizados y, aun así, no ocurre pues recibe el tratamiento salarial de una mediana “gracias” a la resolución del Ministerio de Trabajo. Ese es uno de los choques que cuestioné en mi acción ante el TC: una resolución administrativa de inferior jerarquía utiliza un límite que prescinde de la actualización ordenada por la Ley de Mipymes y exige pagar el salario mínimo de una categoría superior. El Ministerio de Trabajo mantuvo ese criterio y el Tribunal Constitucional lo validó sin explicar suficientemente por qué podía apartarse de ese mandato legal. ¿Qué significa eso en la práctica? Aplicarle la tarifa de mediana en lugar de la de pequeña representa más de RD$1.6 millones adicionales, incluyendo el efecto que esto sobre el salario de Navidad de los trabajadores. La empresa no necesita contratar más personas ni aumentar sus ventas para que exista esa diferencia: basta con que se le apliquen dos clasificaciones distintas, como ocurre actualmente en el país desde hace años debido a la posición de los ministros de trabajo que hemos tenido de desconocer la ley de MIPYMES. b) Una mediana empresa tratada como grande: Ahora pensemos en una empresa con cien trabajadores y RD$250 millones en ventas brutas anuales. Conforme a los parámetros actualizados del MICM para 2025, es mediana. Sin embargo, la resolución salarial del CNS del Ministerio de Trabajo la trata como grande, porque mantiene en RD$202 millones el límite de ventas de las medianas. El tope actualizado mediante la Resolución MICM 079-2025, en cumplimiento del mandato de indexación de la Ley de Mipymes, es de RD$288,351,329.30. Entre ambos límites existe una diferencia de más de RD$86 millones. Dentro de esa franja, una empresa con el número de trabajadores de nuestro ejemplo conserva la condición de mediana conforme a los parámetros legales actualizados, pero recibe del Ministerio de Trabajo un tratamiento salarial de una empresa grande . Ese es el conflicto que merecía un examen más profundo: el Ministerio de Trabajo conserva un umbral sin actualizar, pese a que una ley superior ordena su indexación. El Tribunal Constitucional validó esa clasificación salarial sin explicar suficientemente por qué podía prescindirse de la actualización prevista en la Ley de Mipymes. En este ejemplo, si los cien trabajadores cobran el salario mínimo de la categoría, aplicar la tarifa de grande en lugar de la de mediana representa más de RD$2 millones adicionales entre abril y diciembre de 2025, incluyendo el efecto sobre el salario de Navidad. La misma empresa, con los mismos trabajadores y las mismas ventas, recibe dos clasificaciones distintas del Estado. Y esa diferencia cuesta dinero. Además, hablamos de ventas brutas. De ese dinero salen mercancías, alquileres, servicios, salarios y otros gastos. Facturar esos montos no significa disponer de ellos como ganancias. Estos ejemplos muestran el costo de conservar los umbrales sin actualizar durante 2025; no suponen que la diferencia de clasificación haya comenzado ese año. Las cifras comprenden salarios y su efecto sobre Navidad, sin añadir cotizaciones patronales ni otros costos laborales. Mi planteamiento es que, si se respetara la clasificación actualizada conforme a la Ley 488-08 sobre Mipymes, modificada por la Ley 187-17, las empresas de ambos ejemplos deberían recibir el tratamiento salarial de pequeñas y medianas, respectivamente. No el tratamiento de ser empresas de mayor categoría que mantiene el Ministerio de Trabajo. El TC rechazó mi impugnación, pero su afirmación de que la clasificación tiene una finalidad “únicamente salarial” no resuelve el problema: debía explicar por qué una resolución de inferior jerarquía puede apartarse de los parámetros de clasificación y del mandato de indexación establecidos en la Ley de Mipymes e imponer, como consecuencia, una obligación salarial mayor.