Guadalupe Taddei tiene que renunciar de inmediato a la Presidencia del @INEMexico. Los señalamientos sobre la adjudicación de contratos, los conflictos de interés y los presuntos vínculos de corrupción en su entorno hacen insostenible su permanencia en el cargo. Los videos revelados por @latinus_us muestran escenas grotescas y escandalosas que agravan estos señalamientos. Alfredo “H”, señalado en el reportaje como su contratista favorito y beneficiario de contratos por decenas de millones de pesos, presume de viajes, lujos y excesos al amparo de esos negocios, a la vista de todo México. ¡Lo que está ocurriendo es un descaro, una burla! Guadalupe Taddei es el símbolo de la degradación democrática. Su paso por el INE, marcado por escándalos, está destruyendo la autonomía y la credibilidad de la institución. Lo que costó décadas construir no puede quedar subordinado a su interés personal. Desde el PRI hemos denunciado que el INE ha asumido la defensa del régimen y censurado nuestros señalamientos. Levantamos la voz desde el primer momento y no vamos a guardar silencio. Exigimos una investigación a fondo, explicaciones y rendición de cuentas. El Consejo General del INE debe reunirse mañana mismo y poner en marcha el procedimiento para su relevo. México necesita una persona íntegra, independiente e imparcial, con trayectoria, experiencia, capacidad y autoridad moral para conducir al INE, dar garantías a los ciudadanos y asegurar la pulcritud del proceso electoral. Si Guadalupe Taddei no pudo cuidar los recursos de la democracia, no puede cuidar los votos de los mexicanos. ¡GUADALUPE TADDEI DEBE RENUNCIAR YA!

Me dio mucho gusto reunirme con el Gobernador @RuffoAppel, un hombre íntegro, valiente y de convicciones firmes, así como con @JCRomeroHicks y José Luis Salas, a quienes reconozco su experiencia, capacidad y compromiso con la democracia. Hablamos ampliamente sobre lo que está pasando en el país y nuestra responsabilidad de sumar esfuerzos por México. También conversamos por videollamada con el Presidente @VicenteFoxQue, una voz firme, con experiencia y determinación para defender las libertades. Coincidimos en la importancia de construir una gran coalición opositora, fuerte y plural, capaz de defender al país y restablecer los equilibrios democráticos. Esta tarea exige generosidad, carácter y poner a México por encima de cualquier diferencia. Al Gobernador Ernesto Ruffo le reiteré mi solidaridad ante la persecución política de la que es víctima. Su entereza, dignidad y compromiso inquebrantable con nuestro país merecen todo mi reconocimiento. Presentaremos una denuncia internacional a través de la COPPPAL para exigir que se respeten sus derechos y poner un alto a estos abusos. Ernesto Ruffo no está solo. Cuenta con el respaldo de millones de mexicanos de bien que estamos del lado de la verdad y dispuestos a dar esta batalla contra el abuso de poder.

La madrugada de este domingo, un juez federal vinculó a proceso al exfiscal de Chihuahua César Jáuregui por presunta traición a la patria La decisión permite continuar la investigación y mantiene su prisión preventiva. No es una sentencia condenatoria. La diferencia, elemental en cualquier Estado de derecho, adquiere particular importancia cuando el expediente se convierte en confrontación política. El origen es grave: en abril, dos agentes estadounidenses murieron junto con dos funcionarios mexicanos después de un operativo contra un laboratorio de drogas en Chihuahua. La Fiscalía General de la República sostiene que los extranjeros participaron sin autorización federal y atribuye al exfiscal haberlo permitido. La defensa niega que existan pruebas suficientes para responsabilizarlo. La soberanía no es una formalidad. La Ley de Seguridad Nacional impide a los agentes extranjeros ejercer facultades reservadas a las autoridades mexicanas y establece controles para su presencia. Si se vulneraron, corresponde investigar, acreditar responsabilidades y sancionar conforme a derecho. Pero existe otra distinción indispensable. Una actuación administrativa irregular, incluso grave, no se transforma automáticamente en traición a la patria. El Código Penal Federal describe conductas específicas y exige acreditar los elementos de la hipótesis invocada. La gravedad del nombre del delito jamás puede sustituir la solidez de la prueba. Mientras tanto, el conflicto entre la presidenta Sheinbaum y la gobernadora Maru Campos ha escalado mediante declaraciones, reproches y acusaciones cruzadas. El riesgo es evidente: que la disputa partidista contamine la percepción de un proceso que debe resolverse exclusivamente con hechos y derecho. Tampoco debe confundirse la obligación de defender la soberanía con la tentación de convertir cada desacuerdo institucional en una batalla de lealtades. La salida requiere tres decisiones: 1.- La Fiscalía debe precisar públicamente, sin revelar información protegida, cuál conducta concreta sustenta la imputación. 2.- El Poder Judicial debe motivar sus resoluciones con independencia y asegurar plenamente el derecho de defensa. 3.- Los gobiernos federal y estatales, junto con la Cancillería, deben establecer un protocolo verificable para toda cooperación operativa con agencias extranjeras, con autorizaciones, registros y rendición de cuentas. Combatir al crimen organizado exige cooperación internacional eficaz. Preservar la soberanía exige límites claros. Y hacer justicia exige algo todavía más difícil: resistir las presiones de la política. La patria se protege con instituciones, no con adjetivos. La defensa de la soberanía es una obligación irrenunciable del Estado. Sin embargo, su cumplimiento debe distinguir entre infracciones administrativas, responsabilidades políticas y delitos penales. La justicia pierde legitimidad cuando las controversias jurídicas se confunden con las disputas partidistas.