Juan Guerrero 🏐🧱

🇵🇱 | ¿Qué está pasando en Polonia? Tusk, acusado de intentar tomar el control del Tribunal Constitucional mediante un golpe: Polonia atraviesa una nueva crisis institucional que podría abrir un enfrentamiento sin precedentes entre el Gobierno y el poder judicial. El Tribunal Constitucional, encargado de garantizar que las leyes se ajusten a la Constitución, se encuentra en el centro de una operación que sus actuales responsables califican de ilegal. La página web oficial de la institución ha publicado un anuncio que declara suspendidos durante un mes a su presidente, Bogdan Święczkowski, y a su vicepresidente, Bartłomiej Sochański. Al mismo tiempo, la Policía ha desplegado efectivos en las inmediaciones de la sede. La dirección saliente denuncia una maniobra de toma de control y acusa a sus promotores de protagonizar un golpe contra el orden constitucional. El episodio tiene como protagonista a Anna Korwin-Piotrowska, elegida magistrada por la mayoría parlamentaria que respalda al primer ministro Donald Tusk en marzo de 2026. Sin embargo, su nombramiento está rodeado de polémica: el presidente polaco, Karol Nawrocki, se negó a recibir su juramento, un trámite que, según el artículo 4 de la legislación que regula el estatuto de los magistrados del Constitucional, debe realizarse ante el jefe del Estado. Korwin-Piotrowska participó posteriormente, el 9 de abril, en una ceremonia alternativa celebrada en el Parlamento, sin la intervención presidencial. La Cancillería de Nawrocki afirma que aquel acto carecía de fundamento legal y no le otorgaba autoridad judicial. La actual dirección del Tribunal también cuestiona su condición de magistrada. Pese a ello, Korwin-Piotrowska aparece ahora como la figura que reclama autoridad sobre la institución. Además, los artículos 194 y 195 de la Constitución polaca regulan la composición del Tribunal Constitucional y garantizan la independencia de sus magistrados. La medida anunciada se apoya, según sus críticos, en el artículo 130 de la legislación que regula los tribunales ordinarios, cuya aplicación a la dirección del Constitucional consideran jurídicamente improcedente. La Constitución no atribuye al primer ministro competencias para destituir al presidente o al vicepresidente de este órgano. Para entender el enfrentamiento hay que remontarse a diciembre de 2023, cuando Donald Tusk regresó al poder con la promesa de revertir las reformas judiciales impulsadas por el anterior Gobierno conservador de Ley y Justicia (PiS). Aquellas reformas habían provocado un prolongado conflicto con Bruselas, que abrió procedimientos contra Polonia por sus problemas relacionados con el Estado de derecho y condicionó el acceso a fondos europeos. El Ejecutivo de Tusk presentó posteriormente un programa de reformas judiciales que recibió el respaldo de la Comisión Europea, que en 2024 decidió cerrar el procedimiento del artículo 7. Ahora, sin embargo, sus adversarios sostienen que la operación contra el Constitucional reproduce prácticas que el propio Gobierno había prometido combatir. En medio de la escalada, el presidente Karol Nawrocki ha interrumpido su viaje oficial a Senegal para regresar urgentemente a Polonia.