Abelardo de la Espriella está llamando explícitamente a que el Ministerio del Trabajo desconozca sus obligaciones constitucionales y legales. El numeral segundo del artículo 3 de la Ley 1610 de 2013 establece que las inspecciones laborales tienen funciones de policía administrativa que incluyen requerir y sancionar a quienes incumplan las normas laborales. Los derechos de los trabajadores no son negociables ni están sujetos a la voluntad de ningún político. Este Gobierno demuestra que sus mordiscos son contra el pueblo trabajador, mientras que con los poderosos es dócil como un gatito: deroga disposiciones garantistas, anuncia que desmontará decretos conquistados tras décadas de lucha y toma decisiones que benefician a empresarios sancionados, como en el caso de los hermanos Charry. Me comprometo a emprender las acciones necesarias para exigir que el Ministerio cumpla sus funciones. La ministra y los inspectores deben responderle a la Constitución y a la ley, no a las presiones de quienes pretenden debilitar la protección laboral.

Hoy el senador @IvanCepedaCast nos recordó porque el paramilitarismo ha sido el peor enemigo de la vida y de la propiedad privada del campesinado colombiano. 14 millones de hectáreas despojadas y más de 9 millones de víctimas de desplazamiento forzado. Y como esa historia de muerte y despojo sigue viva en las trayectorias y políticas públicas que hoy impulsan @ABDELAESPRIELLA y su ministro anticampesino Dangond. El mismo ministro que hoy, con su particular mezcla de vilesa y patetismo, se quejó de que le enviaban demasiados derechos de petición.

Con esta decisión este gobierno indigno y vil concreta su alineación con los genocidas y sus cómplices. Una de las joyas de nuestra política exterior en los últimos años era formar parte del Grupo de La Haya y ser uno de los pocos países en acompañar la demanda de Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia por genocidio. Colombia estaba a la vanguardia de exigir el cumplimiento de la obligación internacional que comparten los Estados de frenar el genocidio contra el pueblo palestino. Esta decisión se suma a la reapertura de la embajada en Jerusalén, desconociendo el estatus internacional de la ciudad. Pero esta indignidad es de Abelardo y su casta, no del pueblo colombiano, que mayoritariamente exige que cesen los genocidios y que Colombia no sea cómplice de ellos. Un pueblo que rechaza el corazón de la política internacional de esta extrema derecha, que es que impere el sálvese quien pueda, la fuerza bruta y el nativismo, y que se permita el exterminio de pueblos enteros.

Hola, @FicoGutierrez. Puede seguirme mandando a sus perros rabiosos para perseguirme, pero lo notifico: no me va a callar. Ya van 2 de sus concejales y el Vicepresidente de la Cámara. Entre más me ataca Creemos de Federico, más ganas me dan de seguir investigando y evidenciando los abusos que está cometiendo contra la gente más empobrecida de Medellín.