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Costa Rica no es una dictadura. Precisamente por eso debemos hablar, sin exageraciones, de los riesgos de ir en esa dirección. El 25 de julio, una palabra que parecía prohibida se gritó ante un público exaltado que no tenemos claro si entendía a cabalidad lo que escuchaba; días después se lanzó, con irresponsable ligereza, otra aún más incendiaria: “golpe de Estado”. Cuando desde voces de autoridad se banalizan conceptos así, lo impensable empieza a parecer normal. Hoy las democracias rara vez mueren de un golpe. Se erosionan por acumulación: directrices que debilitan controles, vetos que asfixian la negociación, “modernizaciones” que reordenan para someter, presupuestos que reducen a los órganos incómodos, sanciones desproporcionadas a quienes no se alinean, proyectos que concentran poder, gestos grandilocuentes que distorsionan hechos. La suma de “pequeños” actos corroe el Estado de Derecho. A veces empieza en el escritorio de quien firma sin cuestionar, o calla cuando debía advertir. Algunos confunden mayoría con permiso para doblar la ley. Nadie discute el derecho de un gobierno a impulsar su agenda ni la urgencia de reformar un Estado que requiere cambios. Lo que no es aceptable es tratar cada contrapeso como enemigo y cada advertencia como conspiración. El control político no es descortesía: es un mandato constitucional en representación de una ciudadanía plural.