Marcelo J. Pereira S.

Disonancia, mercado y Estado: la separación de los hechos en el caso Ueno Bank En la discusión pública, la lógica económica suele quedar relegada frente a la urgencia del relato de coyuntura. Cuando un episodio financiero de magnitud sacude la plaza, la disonancia cognitiva tiende a imponerse como un filtro que descarta las reglas del mercado y los cortafuegos jurídicos para validar prejuicios instalados. El caso de Ueno Bank se ha convertido en un reflejo palpable de esta dinámica, donde las simplificaciones de orden político buscan convertir una crisis de administración corporativa en una responsabilidad colectiva de las instituciones. Para comprender lo sucedido con rigor, es indispensable remitirse al comportamiento del mercado. La expansión de Ueno Bank no respondió a privilegios oficiales ni a un crecimiento artificial, sino a una modernización evidente en un sistema bancario históricamente burocrático y renuente a la inclusión ágil. Al habilitar la apertura de cuentas en cuestión de minutos a través de dispositivos móviles, suprimir el papeleo físico y desplegar un agresivo esquema comercial de reintegros diarios en el consumo básico, la entidad conquistó la confianza de cientos de miles de usuarios. Esa masividad le otorgó una liquidez formidable y le permitió competir mano a mano frente a la banca tradicional. Fue esa competitividad técnica, reflejada en las tasas de interés más atractivas del mercado, la que justificó la colocación de depósitos por parte de entes previsionales e institucionales. En la administración de carteras, adjudicar recursos a la oferta que ofrece el mayor rendimiento dentro de los límites reglamentarios es un deber fiduciario básico de rentabilidad financiera, no una directiva discrecional. La controversia, no obstante, fue desplazada hacia las relaciones comerciales entre la entidad y diversos actores de los poderes del Estado. La existencia de vínculos patrimoniales previos antes del ingreso a la función pública, sumada a la contratación de líneas de crédito por parte de autoridades o representantes de distintos estamentos gubernamentales, se interpretó como una supuesta subordinación de la gestión estatal. Sin embargo, un análisis técnico despojado de sospechas lineales revela un principio elemental: cualquier ciudadano que ejerce una función pública tiene derecho a operar en el sistema financiero formal y acceder a instrumentos crediticios, siempre que se encuadren bajo las normas de debida diligencia que rigen a las Personas Expuestas Políticamente (PEP). Un préstamo bancario es un contrato bilateral de deuda donde el cliente asume la obligación de repago del capital más los intereses devengados. Contraer una obligación crediticia o haber mantenido participaciones en el sector privado en el pasado no confiere la administración de la tesorería de un banco, no permite decidir el destino de los depósitos del público ni otorga injerencia sobre las políticas de riesgo que adopta una entidad regulada. Suponer que cualquier actor de los poderes del Estado puede o debe supervisar los balances y las decisiones crediticias cotidianas de una empresa privada implica desconocer la frontera que separa a la función pública del ámbito mercantil regulado. Sobre esa confusión conceptual se intentó articular la narrativa de una crisis de gobernabilidad, amagando con herramientas extremas como el juicio político. Este tipo de iniciativas, carentes de un nexo jurídico directo y huérfanas del respaldo aritmético en el Parlamento, operan fundamentalmente como recursos de posicionamiento mediático antes que como procedimientos institucionales viables. La pretensión de trasladar las consecuencias de una mala praxis de un directorio privado a los estamentos del Estado colisiona con el principio de individualización de las responsabilidades. En el plano operativo, la respuesta estatal mostró un funcionamiento diametralmente opuesto al de las históricas crisis bancarias del país. En aquellos episodios del pasado, la caída de una firma arrastraba a los usuarios a procesos de liquidación judicial que se extendían durante décadas sin ofrecer respuestas. En este caso, el Banco Central del Paraguay (BCP) intervino técnicamente y puso en marcha el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) para asegurar la cobertura legal de hasta 75 salarios mínimos. Si bien es cierto que la efectivización del dinero en ventanilla requiere el cumplimiento de plazos administrativos que mantienen en expectativa a los depositantes, la activación de los mecanismos de protección permitió contener de raíz el riesgo de una corrida sistémica. A este dique regulatorio se sumó la actuación inmediata del Ministerio Público, que avanzó con imputaciones penales contra los directivos y altos administradores de la entidad privada. La vía judicial ratificó una distinción indispensable: las conductas que vulneran la confianza financiera, los descalces de liquidez y la eventual comisión de delitos económicos son responsabilidad exclusiva de quienes ejercían la custodia y la gestión directa de los fondos desde el directorio corporativo. El balance en torno a Ueno Bank exige una lectura desapasionada de la realidad. Existió una disrupción tecnológica genuina que dinamizó los servicios bancarios; existieron operaciones comerciales y crediticias habituales de figuras públicas que no configuran administración fiduciaria ni delito; y existió una gestión privada negligente cuyos responsables hoy enfrentan a los tribunales. Comprender que las instituciones de control intervinieron a tiempo, que la protección a los ahorristas se encuentra formalizada y que las acusaciones de orden político carecen de asidero técnico es el único camino para separar el funcionamiento del Estado de los avatares propios de una entidad financiera privada.