ALERTA JUDICIAL | #CasoParamacay Denunciamos ante la opinión pública nacional e internacional una nueva y grave irregularidad de la Sala N.º 2 de la Corte de Apelaciones de Carabobo el mismo tribunal al que fue reasignado arbitrariamente el expediente el 6 de octubre de 2026. El 20 de octubre, el @foropenal presentó una solicitud formal de Avocamiento ante la Sala Constitucional del TSJ por violaciones al debido proceso y alteración del Juez Natural. Lo que vino después no es una coincidencia: en lugar de detener el proceso en respeto a esa solicitud, la Sala N.º 2 emitió de forma apresurada boletas de notificación para forzar una audiencia el 28 de octubre. La pregunta que hay que hacerse es por qué tanta prisa. Nuestra preocupación es fundada: el patrón de conducta de este proceso sugiere que lo que está en juego no es una deliberación judicial genuina, sino la entrega de una decisión ya redactada posiblemente coordinada desde instancias superiores justo a tiempo para presentar un hecho consumado antes de que la Sala Constitucional pueda pronunciarse. En Venezuela, cuando los jueces corren así, no es por celo procesal. Es para que otros no puedan parar lo que ya está acordado. Y hay algo más que la opinión pública debe saber: el Dr. Bonilla no puede ni debe conocer de esta causa. Ya lo hizo antes negó la amnistía a los acusados y conoció de dos recursos anteriores presentados por el @foropenal. El artículo 89, numeral 6 del COPP es claro: es causal de inhibición haber emitido opinión en la causa. Bonilla debe ser recusado y apartado de inmediato. Su permanencia como juez ponente no es un error procesal. Es una decisión. Esas notificaciones son nulas. Violan los lapsos garantistas y atropellan el derecho a la defensa técnica. Mi hermano Jorge Alayeto lleva más de 9 años privado de libertad. Como él, 22 venezolanos más esperan que alguien respete la ley. Exigimos el cese inmediato del atropello procesal, el respeto a las actuaciones de la Sala Constitucional y la garantía absoluta del debido proceso. #LibertadParaJorge #CasoParamacay #PrisonerosPolíticosVenezuela

HOY, el @ForoPenal presentó un recurso ante el TSJ exigiendo que se avoque de oficio al #CasoParamacay. Alfredo Romero, Gonzalo Himiob, los abogados defensores Luis Armando Betancourt y Jenny Gutiérrez estuvieron presentes. Y tienen razón en estar ahí, porque lo que está ocurriendo en la Corte de Apelaciones de Carabobo es una de las violaciones procesales más graves que se hayan documentado en la historia reciente de la justicia venezolana. Mi hermano Jorge Alayeto fue detenido el 6 de agosto de 2017. Lleva más de 9 años preso sin haber cometido ningún delito. El 6 de abril de 2026, después de años de un proceso plagado de irregularidades, lo condenaron a 30 años de prisión junto a otros 22 venezolanos. Todos inocentes. Los abogados apelaron. La ley venezolana, en su artículo 448 del COPP, establece 10 días para que la Corte de Apelaciones decida. Esos 10 días vencieron el 16 de septiembre de 2026. Y aquí empieza la trampa. El juez ponente, Abg. Alejandro Chirimelli, Presidente de la Sala N°1, hizo su trabajo. Presentó su proyecto de decisión el 16 de septiembre a las 10:10 de la mañana dentro del plazo legal. Está registrado en el Libro Diario (Folio 118) y en la Carpeta de Presentación de Proyectos (Folio 117). Nadie puede decir que él no cumplió. Lo que ocurrió después tiene nombre y apellido. Al día siguiente 17 de septiembre la Jueza N°2, Scarlet Mérida García, se reportó enferma. El médico que firmó su reposo no fue un especialista privado. Fue el Dr. César Piña, del programa "0800-BIGOTE" el servicio de atención médica móvil lanzado por Nicolás Maduro y el gobernador Rafael Lacava, financiado por el Estado venezolano, publicitado en la página oficial del MPPS. Diagnóstico: síndrome viral. Tratamiento: acetaminofén. Reposo: 48 horas. (Folio 121) Cuatro días después, el 21 de septiembre, aparece una segunda médica la Dra. Stana Salazar, neumóloga extendiendo la incapacidad 10 días más. Su diagnóstico: "astenia profunda incapacitante" con "disnea grado 1 MMRC." Quienes conocen medicina saben que el grado 1 MMRC es el nivel más leve de toda la escala de disnea se manifiesta únicamente al caminar rápido o subir una pendiente pronunciada. La jueza, según este diagnóstico, respiraba perfectamente en reposo y en actividad normal. Y aun así: 10 días más de incapacidad laboral total. (Folio 126) Los resultados de los exámenes que el primer médico ordenó nunca aparecieron en el expediente. La ley establece que cuando un juez se incapacita, el Presidente de la Corte debe designar un Juez Suplente para que la causa no se paralice. Esa responsabilidad recaía sobre el Dr. Carlos Alberto Bonilla Álvarez. El propio Chirimelli se lo señaló por escrito el 30 de septiembre, en el Oficio S1-0549-2026: "no es imputable a esta Sala N°1 la falta de designación de un Juez Suplente... la designación de un Juez Suplente es competencia del despacho de Presidencia." Documentó además que hubo tres oportunidades distintas para hacerlo. Las tres fueron ignoradas. Citó jurisprudencia vinculante de la Sala Constitucional del TSJ: "los problemas de salud del juez no justifican la omisión de respuestas." (Folios 113-114) Bonilla no designó ningún suplente. En cambio, el 7 de octubre emitió la Resolución N°004-2026 y transfirió el expediente de Sala 1 a su propia Sala 2, alegando "irregularidades administrativas y vencimiento injustificado de los lapsos procesales." Las mismas irregularidades que él mismo generó al no actuar. (Folio 131) Y aquí viene el detalle que lo dice todo: Bonilla ya había conocido este caso cuando pasó por Sala 2. Fue él quien negó la amnistía a los acusados. El artículo 89, numeral 6 del COPP establece como causal de inhibición haber emitido opinión en la causa. Bonilla tenía la obligación legal de apartarse. No lo hizo. Hoy es el juez ponente del mismo caso. Hoy, el Foro Penal decidió que ya fue suficiente. Yo también. Cada dato de esta denuncia está respaldado por documentos del expediente D-2021-39290,

¡LAS GARANTÍAS JUDICIALES NO PUEDEN QUEDARSE EN UNA MESA DE NEGOCIACIÓN! Hoy comienza el tercer ciclo de diálogo sobre Venezuela. Se habla de justicia, derechos civiles y políticos, independencia judicial y Estado de derecho. ¡EL CASO PARAMACAY PONDRÁ A PRUEBA ESAS PROMESAS! Después de nueve años, las apelaciones de los 23 procesados pasan ahora a conocimiento de la Sala N.º 2 de la Corte de Apelaciones de Carabobo, tras el traslado del expediente desde la Sala N.º 1. Durante doce publicaciones hemos desglosado la sentencia de 361 páginas y expuesto los graves vicios denunciados en la condena de JORGE HENRIQUE ALAYETO BIGOTT, un civil condenado a 30 años: jurisdicción militar, confesión denunciada como obtenida bajo tortura, insuficiencia de pruebas independientes y violaciones al debido proceso. ¿QUÉ GARANTÍAS EXISTEN DE QUE ESTA NUEVA SALA ACTUARÁ CON INDEPENDENCIA E IMPARCIALIDAD? Hacemos un llamado directo a @Dinorahfiguera y a la administración de Estados Unidos: ¡PONGAN SUS OJOS EN LA SALA N.º 2 Y EN EL CASO PARAMACAY! Si las garantías judiciales forman parte de lo que hoy se negocia, exigimos mecanismos reales de seguimiento y verificación. Que no haya interferencias, decisiones arbitrarias ni nuevas dilaciones injustificadas. La defensa de Jorge solicita su absolución y libertad inmediata, sobre la base de los vicios denunciados en su condena. LAS GARANTÍAS JUDICIALES TIENEN NOMBRES, ROSTROS Y EXPEDIENTES. Uno de ellos es JORGE ALAYETO BIGOTT. ¡LA JUSTICIA NO PUEDE SER UNA PROMESA PARA MAÑANA MIENTRAS SE SIGUE NEGANDO HOY! #CasoParamacay #JorgeAlayetoBigott #PresosPoliticos #GarantiasJudiciales #Venezuela

AYER HABLÉ DE ALFONSO, HOY QUIERO HABLAR DE MI OTRO HIJO CHRISTIAN OCHOA ALAYETO. El 6 de agosto de 2017 el mismo día que el DGCIM llegó a la Hacienda San Luis y se llevó a Jorge y Alfonso, también se llevaron entre muchas otras cosas, la camioneta de mi mamá. Una Toyota Fortuner plateada. Se la quitaron a una señora mayor. La tomaron como "evidencia" del Caso Paramacay. Un año después, el 14 de julio de 2018, estaba yo en Valencia cuando vi esa camioneta rodando por la ciudad. Sin placas. La seguí. Llamé a la policía. Esa camioneta fue solicitada su devolución material muchas veces y nunca la otorgaron. Los agentes detuvieron al conductor y le pidieron identificación: era Carlos Luis Román González, credencial DGCIM N.º 2124. Un funcionario del DGCIM usando el vehículo de mi mamá como carro personal, fuera de toda cadena de custodia. Esa misma tarde le escribí al General Edgar Rojas Borges con el nombre y la credencial del funcionario. Me respondió al día siguiente: "Dra. buenas tardes... ya tramité la novedad." Ese día siguiente era el 15 de julio de 2018. Ese mismo día, mi hijo Christian fue a Ramo Verde a llevarle comida a Jorge. Iba con Yanelis, la esposa de Jorge, y con Cynthia, la hija de Jorge que tenía apenas 3 años. Estando en Ramo Verde al mediodía los sacaron de la visita. En el camino de regreso a Valencia, por Autopista Regional del Centro, esa misma Fortuner los empezó a seguir. A alta velocidad. Se les pegaba por detrás. Se ponía a su lado para chocarlos. Se detenía en seco. Los estaban tratando de sacar de la carretera. Christian manejaba. Yanelis iba al lado. Cynthia, de 3 años, iba atrás llorando. Vivieron minutos de terror sin saber si iban a salir vivos. Cuando llegaron al peaje de Valencia pidieron ayuda, la camioneta siguió de largo. Esa tarde torturaron a Jorge en "el tigrito", la celda de castigo de Ramo Verde. Días después fui a Ramo Verde y vi a Jorge. Estaba golpeado pero vivo. Y me dijo que todo había sido en represalia por mi denuncia contra ese funcionario del DGCIM. Mi hijo Christian tenía 23 años, esto también es una forma de tortura. Tengo el chat con el General. Tengo los nombres. Tengo las fechas. Todo esto está documentado. El Caso Paramacay no es solo una sentencia que no se firma. Es el historial de lo que este gobierno le ha hecho a una familia entera. PARAMACAY NO PUEDE SEGUIR ESPERANDO.
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