Martha Cubides

El uniforme militar no es un disfraz, ministro Mora. La legalidad está por encima del servilismo. He radicado ante la Comisión de Acusación de la Cámara una denuncia formal contra el ciudadano presidente Abelardo de la Espriella por el presunto delito de utilización ilegal de uniformes e insignias de uso privativo de la Fuerza Pública (artículo 346 del Código Penal). No sorprende que el ministro de Defensa, @generaljmora, y otros oficiales retirados salgan en defensa del presidente después de que se disfrazara de soldado y vistiera el uniforme del @COL_EJERCITO. Así actúan quienes se arrodillan para conservar un puesto o hacer méritos como lagartos a la espera de una migaja. En este caso, el «honor» militar que tanto pregonaban queda de lado y prevalecen los intereses personales. La investidura presidencial es un cargo estrictamente civil. Aunque el artículo 189 (numeral 3) de la Constitución Política establece que el presidente es el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, este mandato se ejerce desde su condición de jefe de Estado y de Gobierno civil; el mandatario no integra la jerarquía de oficiales ni suboficiales de la Fuerza Pública. 1. Artículo 189, numeral 3, de la C. P.: El presidente dirige la Fuerza Pública y dispone de ella como Comandante Supremo. Se trata de una competencia de dirección civil que no convierte al mandatario en integrante de la jerarquía militar. 2. Artículos 216, 217 y 218 de la C. P.: La Fuerza Pública está integrada de manera exclusiva por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, cuyos miembros se rigen por un régimen propio de carrera, grado y uniforme. El presidente no forma parte de ellas. 3. Las prendas tácticas y de gala, así como sus insignias y distintivos de grado, son de uso exclusivo del personal militar y policial en servicio activo. Un presidente no cuenta con un grado militar ni con una especialidad dentro de la línea de mando castrense, por lo que portar el uniforme camuflado o de gala formal resulta contrario a los reglamentos. 4. Artículo 346 del Código Penal: Sanciona con pena de 3 a 6 años a quien porte o utilice uniformes e insignias de uso privativo de la Fuerza Pública sin permiso de autoridad competente. La norma no distingue por cargo ni por buenas intenciones. Ministro Jorge Eduardo Mora: no desinforme. Su argumento de que «nada se lo prohíbe» parte de un error de fondo. En un Estado de Derecho, un servidor público solo puede hacer lo que la ley le autoriza expresamente (artículo 121 de la C. P.). La pregunta jurídica no es qué se lo prohíbe, sino qué lo habilita. El presidente dirige la Fuerza Pública (art. 189.3), pero no forma parte de ella (art. 216). Ejerce el mando civil; por lo tanto, honrar al soldado no exige caricaturizarlo ni ridiculizarlo al vestir su uniforme. Por otra parte, ministro, la afirmación de que el presidente no tiene control disciplinario o penal es falsa: según los artículos 199 y 178.3 de la C. P., el mandatario responde ante la Comisión de Acusación. La retórica de desviar la atención culpando al gobierno actual de todos los errores no responde al fondo del asunto. La pregunta Ministro es simple: ¿Qué autoridad competente le otorgó el permiso al ciudadano para utilizar prendas de uso privativo de las fuerzas militares?