PACHIFULA#NoALaReelección

Ordenamiento urbano sí, pero sin abusos ni atropellos a la propiedad privada. Estoy a favor de mejorar nuestras aceras, garantizar la accesibilidad universal y construir una ciudad más segura y ordenada. Sin embargo, considero que el Acuerdo Municipal N.º 316 de 2026 debe revisarse en aquellas disposiciones que afectan a viviendas unifamiliares o multifamiliares construidas legalmente, con planos aprobados y permisos otorgados conforme a la normativa vigente en su momento. Las nuevas exigencias urbanísticas deben aplicarse hacia el futuro, respetando la seguridad jurídica y los derechos legítimamente adquiridos. No es razonable obligar a los propietarios a modificar accesos vehiculares, demoler estructuras autorizadas o sacrificar espacios de sus terrenos privados para ajustarse a disposiciones posteriores, sin una evaluación individual, justificación legal y las garantías correspondientes. El interés público no puede convertirse en una excusa para imponer cargas desproporcionadas ni para producir expropiaciones de hecho. La Constitución protege la propiedad privada, el debido proceso y la seguridad jurídica. Ninguna regulación municipal puede desconocer esas garantías. Por ello, considero necesaria la revisión de los artículos 10, 13, 16, 17, 18 y 53 del Acuerdo, particularmente en cuanto a su aplicación sobre edificaciones preexistentes. No me opongo al progreso ni a la accesibilidad. Me opongo a la arbitrariedad, a la aplicación retroactiva que lesione derechos adquiridos y a cualquier medida que, bajo la apariencia de ordenamiento urbano, termine afectando injustificadamente el patrimonio de las familias panameñas. Una ciudad moderna debe garantizar los derechos de todos: de quienes transitan por sus aceras y de quienes han construido sus viviendas cumpliendo la ley. El desarrollo urbano debe avanzar con respeto a la Constitución, no por encima de ella.