Ricardo Rosales

Ecuador Chequea determinó la falsedad de la afirmación de la ex vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPPCS), Mishelle Calvache, respecto al alcance del artículo 35 de la Constitución ecuatoriana. Calvache aseguró públicamente que mantener a las Personas Privadas de Libertad (PPL) como grupo de atención prioritaria obligaba al Estado a tratarlas igual que a otros grupos vulnerables, como niños o ancianos. El análisis del medio verificó que la Constitución exige únicamente atención prioritaria y especializada para las PPL y otros colectivos (adultos mayores, niños, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, y quienes padezcan enfermedades catastróficas). El texto constitucional no establece una igualdad de trato entre estos grupos, sino una obligación reforzada del Estado para garantizar sus derechos debido a su condición de vulnerabilidad. La Corte Constitucional del Ecuador, en su dictamen 8-24-RC/24 de 2024, complementó esta interpretación, señalando que la categoría de atención prioritaria no implica privilegios ni restringe derechos de quienes no pertenecen a ella, sino que identifica a colectivos que enfrentan barreras para acceder a bienes y servicios. Ecuador Chequea concluyó que Calvache manipuló la norma al sustituir la expresión "atención prioritaria y especializada" por "trato igual" y al utilizar el término "delincuentes" en lugar de la denominación jurídica "personas privadas de libertad". Por lo tanto, la afirmación fue calificada como falsa, ya que contradice el texto constitucional y la interpretación jurídica oficial.

Según reportes ciudadanos, en el sector de la Av. América y Santiago, la Policía Nacional cercó con motos a dos jóvenes que estaban en bicicleta. La gente del barrio salió en su defensa y los policías respondieron con golpes y toletazos a los moradores.