Violet

Muchos se preguntan por qué la defensa no denuncia directamente por prevaricación a la jueza Beatriz Biedma o exige apartarla del caso tras haber entregado a las acusaciones populares (Vox, Manos Limpias, Hazte Oír e Iustitia Europa) correos privados de Pedro Sánchez y Begoña Gómez. ¡El trasfondo de la historia es muy grave! Los abogados del hermano del presidente ya exigieron de forma explícita que no se realizara un volcado masivo de esos correos y que jamás se facilitaran a los colectivos personados por el evidente daño e indefensión que causaría. Además, la propia UCO de la Guardia Civil remitió un informe advirtiendo expresamente a la magistrada de que esos emails no tenían ninguna relación con la investigación de Badajoz. A pesar del aviso policial y de la oposición de la defensa, la jueza rechazó los recursos y les dio acceso al sumario. ¿Por qué entonces no se va a por ella por la vía penal? Porque las leyes actuales otorgan a los jueces de instrucción un margen enorme para decidir qué entra en una causa. Si cometen un exceso o se equivocan, la ley no los aparta ni los sanciona automáticamente, sino que obliga a los afectados a acudir a un tribunal superior (la Audiencia Provincial) para que enmiende y ordene borrar ese material. Querellarse contra un juez por prevaricación exige demostrar que actuó con maldad absoluta y sabiendo que cometía una ilegalidad; un muro casi imposible de tumbar en esta fase porque el juzgado siempre se va a escudar en que estaba recopilando indicios. Por eso la defensa no arriesga con una denuncia penal y prefiere pelear el caso recurso a recurso. Al final, es increíble cómo se le dan alas al poder judicial en este país; con un sistema que les permite blindarse de esta manera ante sus propios excesos, la realidad es que estamos vendidos. ( Julio: Se solicita y ejecuta el volcado masivo de los servidores. Verano/Septiembre: La UCO entrega el material advirtiendo de la falta de relevancia y la jueza autoriza el acceso a las partes. Octubre: La jueza denuncia seguimientos a su familia y recibe protección policial) ¡NETFLIX !

La exclusiva de la Cadena SER sobre los 242.000 euros destinados a pagar la defensa de Koldo García ha levantado la alfombra de un juego de intereses cruzados que apunta de lleno a OkDiario. Las facturas que han llegado a la Audiencia Nacional llevan el sello de Dos Mil Palabras S.L., la empresa editora que tiene a Eduardo Inda al timón como máximo accionista. Este rastro en los libros contables da un vuelco total a las sospechas iniciales de la Fiscalía, que buscaba los pagos en las cuentas del PSOE para acusarles de comprar el silencio de su exasesor. Sin embargo, el dinero ha salido de una empresa privada que se sostiene, en gran medida, gracias a los ingresos fijos por publicidad institucional que le inyecta el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Si se mira el calendario, las piezas encajan solas. El pago más fuerte, de 150.000 euros más IVA, se ingresó al día siguiente de que OkDiario lanzara una entrevista exclusiva con Koldo García y José Luis Ábalos, en la que disparaban contra el núcleo de Pedro Sánchez con acusaciones de corrupción. Al final, los papeles demuestran que la empresa de Inda, regada con fondos públicos de la Comunidad de Madrid, acabó financiando el abogado del principal imputado de la trama justo cuando este ponía su altavoz al servicio del desgaste político de La Moncloa. Este giro en los tribunales termina por dibujar una operativa redonda. Por un lado, la contabilidad deja a Eduardo Inda en una posición muy comprometida, al pasar de "periodista a financiador directo" de la defensa de un acusado en mitad de un proceso penal. Por otro, salpica de lleno a la gestión de Ayuso, al evidenciar el camino indirecto que toma el dinero de los madrileños. En definitiva, la investigación judicial pincha el discurso del Partido Popular sobre los supuestos pagos de Ferraz y saca a la luz una estrategia de la derecha política y mediática para sostener económicamente a Koldo García a cambio de su munición contra el Gobierno. Toda la maquinaria del fango armada por el Partido Popular, la chequera pública de Ayuso y los montajes de Eduardo Inda han quedado completamente al descubierto en los tribunales, demostrando que la supuesta trama del PSOE era en realidad un complot financiado por la propia derecha que termina por ratificar la resistencia y la integridad de Pedro Sánchez frente a una cacería política sin precedentes. ¡MAFIA!