Columna en abierto. Horas decisivas La caída de Sánchez Pedro Sánchez debería mirar con mucha atención lo que ocurra mañana en las calles de España. Su Gobierno puede envolver lo sucedido con Cibeles en todos los tecnicismos jurídicos que quiera: decir que no ha prohibido nada, que simplemente el Ayuntamiento no puede convocar una concentración bajo determinada figura jurídica y que siempre puede transformarla en un 'acto institucional'. Perfecto. Pero cuando un Gobierno necesita explicar durante media tarde por qué impedir una concentración tal como había sido convocada no significa realmente impedirla, quizá el problema ya no sea jurídico. Quizá sea político. Y muy serio. Porque mañana ya no se habla solamente de Ceuta. Se habla también de un Gobierno que parece haber perdido la capacidad de comprender el país que gobierna. Ante una crisis extraordinaria en una ciudad española, miles de ciudadanos quieren salir a la calle y numerosas instituciones quieren mostrar públicamente su apoyo. ¿Y cuál es la reacción? Discutir quién puede concentrarse, cómo debe llamarse la concentración y bajo qué fórmula administrativa puede celebrarse. Sánchez parece empeñado en convertir cada crisis nacional en otra batalla entre españoles. Y llega un momento en que hasta esa estrategia se agota. Si mañana salen unas decenas de miles de personas, Sánchez podrá despreciarlas. Si salen cientos de miles, intentará atribuirlas a la derecha. Pero si alguna vez millones de españoles ocupan pacíficamente las calles de este país para decir que no aceptan la dirección que ha tomado el Gobierno, estaremos ante algo completamente diferente. Ninguna manifestación derriba constitucionalmente a un presidente. Conviene decirlo con claridad. Pero una movilización gigantesca puede destruir políticamente la autoridad de un Gobierno mucho antes de que termine una legislatura. Se puede conservar el BOE y haber perdido ya la calle. Se puede conservar una mayoría parlamentaria y haber perdido al país. Sánchez podrá entonces continuar en La Moncloa. Naturalmente que podrá. España es una democracia y los presidentes no caen porque una multitud rodee un edificio. Caen por una dimisión, unas elecciones, una moción de censura o la pérdida de la confianza parlamentaria. Esa es nuestra enorme diferencia con una dictadura y precisamente por eso hay que protegerla. Pero tampoco confundamos legalidad con legitimidad política. Si una parte inmensa de la sociedad española llegara a decir simultáneamente «hasta aquí», el presidente tendría derecho constitucional a permanecer y, al mismo tiempo, la obligación política de preguntarse a quién demonios estaría gobernando. Ese es probablemente el error más peligroso de Sánchez: creer que resistir equivale siempre a ganar. Sobrevivió a crisis internas, derrotas electorales, escándalos, investigaciones y rupturas políticas y convirtió la resistencia en una forma de Gobierno. Pero todos los dirigentes que hacen de la supervivencia su proyecto terminan cometiendo el mismo error: piensan que como ayer resistieron también resistirán mañana. Hasta que un día descubren que ya no están gestionando una crisis. Están contemplando su final. Mañana sabremos si estamos ante otra protesta más o ante el principio de algo mucho mayor. Nadie debería desear violencia, enfrentamientos ni una sola agresión. Al contrario: si existe una contestación profunda al Gobierno, su fuerza estará precisamente en que sea pacífica, masiva y democrática. Porque si algún día millones de españoles deciden que Sánchez debe abandonar La Moncloa, no harán falta horcas, revoluciones ni fantasías de otro siglo. Bastará algo mucho más demoledor para cualquier gobernante: que un país entero deje de creer en él. La caída de Sánchez, si llega, no empezará cuando abandone La Moncloa. Habrá empezado mucho antes, el día en que España deje de obedecerle políticamente y empiece a contar los días que faltan para sustituirlo democráticamente.