Lo dicho por @JoseJulioNeira en una entrevista reciente es real: las denuncias de financiamiento del crimen organizado al correísmo se remontan a la campaña de 2006, que llevó a Rafael Correa al poder en 2007. En un vídeo difundido en 2009, alias "Mono Jojoy" habló de aportes en dólares de las FARC a esa campaña. Después está el caso del narcotraficante Leandro Norero. En el #CasoMetástasis, Hélive Angulo declaró que Norero había financiado, a través de Ronny Aleaga, exasambleísta del correísmo y hoy prófugo de la justicia e imputado como uno de los presuntos autores intelectuales del asesinato de #FernandoVillavicencio, la campaña por el No a la extradición en la consulta de 2023. Es un señalamiento concreto sobre el origen y el destino del dinero que aún requiere una respuesta. Denunciar persecución política es legítimo. Pero creo que no podemos aceptar que se convierta en la respuesta automática cada vez que se investiga la relación entre la política y el crimen organizado. A mí no me basta ese "argumento" cuando lo que se pregunta es quién financió una campaña. Más aún cuando esa pregunta recae sobre el correísmo, con sus amplios antecedentes y sus cuestionables vínculos actuales. Ahí está, por ejemplo, la relación de Rafael Correa con Nicolás Maduro. Estados Unidos acusa a Maduro y a su esposa de narcotráfico, de saqueo de fondos públicos, y de participar en un sistema de represión que incluía torturas, violencia sexual y amenazas contra las familias de los detenidos. Correa reconoció en 2025 que asesoraba económicamente a ese gobierno y mantenía un equipo permanente en Venezuela. En la misma entrevista describió a Maduro como "Muy bondadoso. Bueno, pacífico. Como Mandela". Esa relación también merece explicaciones sobre los contratos, los pagos y el destino de los recursos de las asesorías. El financiamiento del correísmo debe investigarse incluso si alguna de sus denuncias de persecución política tuviera fundamento. Que exista persecución no aclara quién puso el dinero ni para qué.