Francisco Oneto

Cuenta de Instagram recuperada!

Se tiene q terminar la costumbre de destituir jueces cuando no les gustan sus decisiones. Sin estabilidad no hay independencia judicial. La solución fácil para el Juez era condenar no absolver. Tomó el camino difícil seguramente porque lo consideró correcto. Decisión q no gusta se recurre. Basta de disciplinar al poder judicial con sanciones inmerecidas.

Elemental …

En relación al caso de Joaquin Levinton me parece oportuno remarcar que el abuso sexual exige que la víctima no haya podido consentir libremente. Pero el amor no puede considerarse una circunstancia q vicie el consentimiento: si lo fuera, toda relación íntima dentro de un vínculo afectivo sería abuso. De la propia declaración de la denunciante surge que hubo consentimiento.

🧵 Breve repaso de las facultades judiciales de control de constitucionalidad, porque parece que algunos, para caer simpáticos a la opinión pública, se lo olvidaron. O peor: nunca lo supieron. ¿Qué pasa si una ley choca con la Constitución? En Argentina, cualquier juez, no solo la Corte, puede dejar de aplicarla en el caso que tiene delante. Eso es el control de constitucionalidad difuso. Se llama "difuso" porque el poder está repartido: lo tiene cada juez del país, de cualquier instancia y fuero. Lo opuesto es el sistema "concentrado" (Alemania, España, Italia), donde solo un Tribunal Constitucional puede hacerlo. La lógica es sencilla. La Constitución es la norma suprema (art. 31 CN). Si una ley la contradice, el juez tiene que elegir cuál aplicar, y elige la Constitución. No "anula" la ley: la deja sin aplicar en ese caso. Esto es parte del sistema de frenos y contrapesos propio de toda democracia republicana. Por eso el juez no legisla ni desplaza al Congreso: en lugar de derogar la ley para todos, simplemente la vuelve inaplicable en el caso concreto. Así no se superpone con la función del Congreso, que es dictar normas de alcance general. El legislador crea la regla; el juez decide si puede aplicarse a un conflicto puntual sin violar la Constitución. 📜 El origen Todo empieza con Marbury v. Madison (1803), de la Corte Suprema de EE.UU. El juez Marshall razonó que una ley contraria a la Constitución no obliga a los jueces, porque decir qué es el derecho es tarea propia del Poder Judicial. Un detalle: la Constitución norteamericana no les da expresamente ese poder. Marshall lo dedujo de la supremacía constitucional. Argentina adoptó ese modelo, y nuestra Corte lo asumió muy temprano. En "Sojo" (1887) sostuvo que el Congreso no puede ampliar su competencia originaria: es nuestro "Marbury". Y en "Elortondo" (1888) declaró por primera vez inconstitucional una ley del Congreso. ¿Puede el juez hacerlo de oficio, sin que una parte lo pida? Durante décadas la Corte dijo que no. Eso cambió con "Mill de Pereyra" (2001) y "Banco Comercial de Finanzas" (2004), y quedó firme en "Rodríguez Pereyra" (2012). A esto se suma el control de convencionalidad: desde "Almonacid Arellano vs. Chile" (Corte IDH, 2006), los jueces también deben verificar que las normas internas respeten la Convención Americana de Derechos Humanos. ⚖️ Los límites Ahora, lo importante. Un juez que puede dejar sin efecto leyes del Congreso tiene muchísimo poder. Por eso existen frenos claros: ① Tiene que haber un caso. El juez no opina en abstracto ni responde consultas: resuelve conflictos reales entre partes (art. 116 CN y ley 27). En EE.UU. es el requisito de "case or controversy". ② El efecto es solo entre las partes. La ley sigue vigente para todos los demás. Eso sí: los tribunales inferiores deben seguir el criterio de la Corte salvo que aporten nuevos argumentos ("Cerámica San Lorenzo", 1985). ③ Es la última ratio. Las leyes se presumen constitucionales. La Corte exige que la contradicción sea manifiesta e insalvable, y que antes se busque una interpretación que salve la norma. ④ El juez no controla la conveniencia. No puede descartar una ley porque le parezca mala o ineficiente. Controla si es constitucional y razonable (art. 28 CN), no si es la mejor política. Mérito y oportunidad son del Congreso. ⑤ Las cuestiones políticas no justiciables. Hay decisiones reservadas a los poderes políticos: "Cullen c/ Llerena" (1893) acá; "Luther v. Borden" (1849) y "Baker v. Carr" (1962) en EE.UU. Con los años, nuestra Corte fue achicando esa zona. En resumen: cualquier juez puede, y debe, proteger la Constitución frente a una ley, pero solo en un caso concreto, como último recurso y sin reemplazar al legislador. No es activismo ni gobierno de los jueces: es el sistema funcionando desde 1803.

Si la resolución de un Magistrado desagrada se apela la resolución, no se despide al Magistrado.

Si hacen estadísticas con los mismos parámetros con los que acusan, obviamente solo el 0,09% de las denuncias eran falsas. El número lo produce el propio acusador, que valida para contar lo mismo que validó para acusar. No es un dato: es juez y parte dándose la razón.

Sorprende el desconocimiento de los “especialistas” que aseguran que un dictamen favorable a CFK del Comité de DDHH de la ONU no tendría efectos en su condena “porque está firme”. Falso. El art. 366 inc. f del CPPF habilita la revisión de sentencia firme cuando un órgano de aplicación de un tratado se pronuncia en una comunicación individual. Y el Comité es exactamente eso: arts. 28 y ss. del PIDCP + art. 1 del Protocolo Facultativo (1966) le dan competencia para recibir denuncias de individuos, y el art. 5 lo faculta a emitir dictamen. Traducción: un dictamen favorable habilitaría la acción de revisión. La cosa juzgada no es el muro que dicen.

Si Luque declara se enojan … si no declara … también … 🤷🏻