Guiomar Gonzalez

ALT Conviene detenerse un momento en el trasfondo de este episodio. Un ciudadano particular, sin recursos institucionales ni respaldo partidista, ha podido poner en evidencia una práctica administrativa contraria a los principios de la contratación pública. Esa crítica ha tenido consecuencias políticas y jurídicas concretas: el Parlamento ha debatido sobre la materia, el «framework» ha sido publicado y los tribunales han protegido la libertad de expresión frente a un intento de silenciarla. Sin embargo, el precio personal no es irrelevante. La interposición de una querella penal, acompañada de una exigencia previa de retractación pública y la reclamación de una abultada indemnización económica, encaja con patrones que en el debate europeo se han calificado como demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP). No buscan tanto ganar jurídicamente como generar un efecto disuasorio, amedrentar y desalentar la crítica ciudadana.