Hoy el Gobierno ha presentado portal.casa47.es, el nuevo portal estatal para acceder a vivienda pública asequible. Y he ido a mirar cuánto ha costado. La respuesta corta es que hemos pagado 1,4 M de € por una web. La respuesta larga es más interesante. Porque detrás de esa web hay una pequeña lección sobre cómo la Administración española acaba atrapada durante años entre consultoras, licencias, plataformas propietarias y proveedores tecnológicos. Vamos con los documentos. CASA 47 licitó en 2025 un “Sistema Integrado de Gestión para la gestión del Parque de Alquiler Asequible”. Presupuesto de licitación: 1.880.949 € + IVA. Se lo adjudicó @EY_Spain por: 1.184.998 € + IVA. 1.433.847,58 euros públicos. El contrato dura cuatro años. Pero atención. Esos 1,18 millones NO incluyen las licencias de la tecnología base sobre la que funcionará el sistema. Lo dice el propio pliego. Es decir: Pagamos la consultoría. Pagamos el desarrollo. Pagamos la implantación. Pagamos el mantenimiento. Y después pagamos también las licencias del software necesario para que todo eso funcione. ¿Cuánto costará realmente durante 5, 7 o 10 años? No lo sabemos. Y ahí empieza la parte divertida. El pliego señala como soluciones CRM de referencia: → Microsoft Dynamics 365 → Salesforce → SAP Sí: tres de los mayores ecosistemas de software empresarial propietario del planeta. En teoría se permiten alternativas. En la práctica se exige que sean tecnologías maduras, escalables, interoperables y con experiencia previa demostrable en grandes portales equivalentes. Además, se valoraban certificaciones expedidas por el propio fabricante del CRM. Es una dinámica maravillosa. Primero eliges una gran plataforma empresarial. Después necesitas especialistas certificados en esa plataforma. Después necesitas partners para mantenerla. Después construyes tus procesos sobre ella. Después tus datos, workflows, automatizaciones, formularios, expedientes e integraciones dependen de esas empresas. Y cuando dentro de unos años alguien propone cambiarla descubres que migrar cuesta una fortuna. Esto se conoce como vendor lock-in. Pero hay más. Cuando CASA 47 habla de inteligencia artificial, el pliego exige expresamente que el sistema tenga flexibilidad para cambiar de modelos y proveedores. ¿La razón? Cito literalmente: “evitando quedar esclavo de una tecnología concreta”. 🙂 Es decir, La Administración comprende perfectamente el riesgo de quedar “esclava de una tecnología concreta” cuando hablamos de modelos de IA. Pero parece bastante más relajada cuando hablamos del CRM que puede gestionar durante la próxima década los usuarios, viviendas, expedientes, contratos, incidencias, procesos y datos del parque público estatal. Y hay más (todavía). Porque CASA 47 ya tenía OTRO contrato para su portal institucional. En 2023 SEPES decidió que su web corporativa debía utilizar específicamente Liferay. No “un gestor de contenidos que cumpla estos requisitos”. Liferay. El contrato incluía: 160.000 € para desarrollo. 20.000 € para mantenimiento. 90.000 € para tres años de Liferay LXC SaaS. Se adjudicó finalmente a Ibermática por: 220.060 € + IVA. Así que hoy tenemos, simplificando: casa47.es → Liferay → SaaS → integrador externo. portal.casa47.es → nuevo SIG → CRM empresarial → EY → licencias adicionales → mantenimiento → integraciones con otros sistemas. Y detrás, SAP y demás infraestructura corporativa. Cada caja necesita contratos. Cada plataforma necesita especialistas. Cada integración genera dependencia. Cada año que pasa, salir cuesta más. Por cierto: el contrato de EY contempla al menos 9.000 horas de mantenimiento evolutivo. EY ofreció otras 5.000 horas adicionales. Hasta 14.000 horas. La pregunta que deberíamos hacernos no es si una consultora puede dedicar 14.000 horas a un sistema de esta magnitud. Puede. La pregunta es: ¿qué capacidad tecnológica conservará CASA 47 dentro de cuatro años para operar y evolucionar todo esto sin EY, sin otro integrador o sin el fabricante de la plataforma? Cero. Porque esa es la diferencia entre comprar tecnología y alquilar dependencia. También conviene ser justos. El contrato NO son 1,4 millones “por una página web”. Incluye procesos, CRM, gestión de expedientes, portal ciudadano, integraciones, automatizaciones, soporte y mantenimiento. Decir “han pagado 1,4 millones por esta web” sería falso. Y además nos impediría hablar del problema realmente importante. Porque el despilfarro tecnológico de una Administración no siempre consiste en pagar una barbaridad por cuatro pantallas. A veces es mucho más sofisticado. Consiste en transformar una necesidad pública perfectamente razonable en una arquitectura que acumula: → consultoría → fabricante → licencias → SaaS → integrador → mantenimiento → certificaciones → desarrollos específicos → integraciones → costes de migración hasta que cambiar de proveedor deja de ser una decisión tecnológica y se convierte en problema presupuestario. Quizá no estamos comprando software. Quizá estamos comprando una dependencia. Con dinero público.