Francisco Lapouble

#CJurídica #DerTributario ¿Hasta dónde alcanza la facultad de la Administración para asegurar el cobro de sus créditos? ¿Puede disponer un embargo sobre cuentas bancarias sin conocimiento previo del contribuyente? Y, sobre todo, ¿puede el carácter conservatorio de la medida justificar que este permanezca ajeno a su ejecución? 🧐 ¡Vamos con bisturí (y a divertirnos)! Las preguntas plantean una tensión entre dos intereses legítimos: la eficacia de la recaudación tributaria, y las garantías que deben acompañar el ejercicio de las potestades administrativas. La L.11-92 reconoce mecanismos para asegurar y ejecutar el cobro de las obligaciones fiscales. Sin embargo, conviene distinguir ciertas actuaciones que, aunque relacionadas, responden a finalidades diferentes: 🅰️ La adopción de medidas conservatorias; y 🅱️ la ejecución forzosa del crédito tributario. 🅰️ Las primeras, procuran preservar bienes frente al riesgo de frustración del cobro. 🅱️ La segunda persigue satisfacer efectivamente una obligación exigible. Esta distinción no es meramente terminológica: determina los presupuestos, las formalidades y las garantías aplicables. El artículo 85 del Código Tributario contempla medidas conservatorias. Su eficacia puede requerir que sean adoptadas sin advertencia previa, pues anunciar anticipadamente un embargo podría frustrar su finalidad. Pero ¿la ausencia de comunicación previa equivale a una autorización para mantener indefinidamente al contribuyente sin conocimiento de la medida? 😯 La sorpresa puede justificar la oportunidad de una actuación; no necesariamente la opacidad de sus consecuencias. Aquí el Fisco debe ejercer sus facultades dentro de los límites legales y permitir el control de su regularidad, y aquí la jurisprudencia ofrece elementos importantes para el debate. En la sentencia 1, del 2 de septiembre 2009 (BJ. 1186), la Tercera Sala de la SCJ examinó un embargo retentivo practicado por la Administración Tributaria sin observar la intimación exigida por el artículo 91 del CT. La nulidad respondió al incumplimiento de una formalidad sustancial del procedimiento de cobro. Posteriormente, mediante la SCJ-TS-23-0004, del 31 de enero 2023 (BJ. 1346), la Tercera Sala abordó las exigencias del procedimiento de cobro compulsivo, particularmente el mandamiento de pago y las vías de oposición previstas legalmente. Ambos pronunciamientos permiten reflexionar sobre un punto esencial: la existencia de un crédito tributario no convierte automáticamente en legítimo cualquier mecanismo utilizado para cobrarlo. Aquí resulta indispensable otra distinción: una cosa es controvertir la obligación tributaria y otra cuestionar la legalidad de su ejecución. Aunque el artículo 112 delimita las excepciones de oposición al pago, ello no significa que las restantes irregularidades del procedimiento queden sustraídas del control jurisdiccional. El debate, por tanto, no consiste en negar las prerrogativas de la Administración ni en transformar cada embargo en un obstáculo para la recaudación. Radica en determinar si esas prerrogativas se ejercen conforme a los presupuestos y formalidades establecidos por el legislador. 🐝 ¿De qué serviría reconocer al contribuyente mecanismos de defensa si desconoce que sus bienes han sido afectados? ¿Qué eficacia tendría la potestad conservatoria si toda actuación exigiera una advertencia capaz de frustrarla? La respuesta requiere equilibrio, pero también precisión jurídica. La finalidad recaudatoria no dispensa el cumplimiento de la ley, del mismo modo que las garantías del contribuyente no pueden convertirse en instrumentos para impedir legítimamente el cobro. En definitiva, no se discute el derecho del Fisco a cobrar lo debido, sino los límites jurídicos de los medios empleados para hacerlo. Porque la eficacia de la recaudación y el debido proceso no son intereses incompatibles; ambos constituyen exigencias de una Administración sometida al buen deber y al derecho. ¡Hasta la próxima!

#CJurídica ¿Puede la transformación digital de la administración de Justicia modificar, por vía interpretativa, el régimen legal de los plazos procesales? ¿El depósito vía el portal del Poder Judicial varía ese ejercicio? ⚖️ Los plazos procesales, en cuanto reglas de orden público que disciplinan el ejercicio de las acciones y los recursos, constituyen una garantía de seguridad jurídica (a.69 CD). Su determinación y observancia no pueden quedar subordinadas a consideraciones de mera conveniencia, particularmente, cuando de su cómputo depende el “acceso a la jurisdicción”. En ese sentido, el a. 1033 del Código de Procedimiento Civil dominicano contempla, entre otras previsiones, el aumento de determinados plazos en razón de la distancia. Institución, que responde históricamente a una finalidad compensatoria: evitar que la ubicación territorial de las partes respecto del órgano jurisdiccional competente constituya una desventaja para el ejercicio oportuno de sus derechos procesales. En la mejunje, la incorporación de medios electrónicos a la operatividad y administración judicial ha transformado esas condiciones materiales al permitir la presentación remota de actuaciones sin necesidad de desplazamiento físico. Sin embargo, la disminución de los obstáculos que justificaron una disposición no supone, necesariamente, la pérdida de su fuerza obligatoria. 🐝 Esta cuestión adquiere particular relevancia cuando se pretende excluir el aumento del plazo en razón de la distancia bajo el argumento de utilización de medios electrónicos. Tal justificación, corre el riesgo de convertir la necesidad efectiva de desplazamiento, fundamento histórico de la institución, en un presupuesto jurídico de aplicación que no se desprende de la norma. Ciertamente, la interpretación evolutiva permite adecuar el sentido de las disposiciones legales a nuevas realidades; sin embargo, esa facultad encuentra límites en la legalidad procesal, la seguridad jurídica y la tutela judicial efectiva, especialmente cuando sus consecuencias restringen el acceso a los tribunales. En este contexto, el Tribunal Constitucional, mediante la sentencia TC/1222/24, abordó la aplicación supletoria del artículo 1033 al cómputo del plazo de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales. Por su parte, la TC/0061/24 ofrece parámetros sobre la interpretación constitucional de las normas procesales y, aunque tales soluciones no resuelven la incidencia en comento, evidencian la relevancia de dicha previsión en la determinación de los plazos procesales. 📌 El debate no consiste, por tanto, en desconocer los avances tecnológicos ni en negar la interpretación teleológica, sino en determinar si la transformación de las circunstancias materiales que justificaron una disposición permite restringir su aplicación sin fundamento normativo suficiente, en tanto la obsolescencia práctica de una disposición no equivale a su derogación jurídica. 🪄La modernización tecnológica puede justificar una revisión legislativa del régimen de plazos, pero no constituye, por sí misma, una excepción a las reglas vigentes, por lo que resulta más que evidente y objetivo el razonamiento siguiente: el juez puede interpretar la norma a la luz de la realidad tecnológica, pero no presumir que el cambio de esa realidad ha extinguido un beneficio procesal establecido previamente por el legislador. Y, así ….