Liberen a Igbert

Mientras es sometido a un segundo juicio, el teniente coronel Igbert Marín Chaparro padece problemas de salud que el gobierno venezolano ignora, a pesar de las solicitudes de atención médica especializada que se han presentado ante los tribunales competentes. Tras ocho años y seis meses de prisión, Marín Chaparro tiene tendinitis en su muñeca izquierda por el uso prolongado de esposas. Sus familiares han solicitado que le brinden atención médica especializada por su presión arterial, pero los han ignorado. “En todo este tiempo tampoco han atendido sus hernias. Al poco tiempo de estar en la Dgcim tuvo un episodio de hipertensión y esto trajo como consecuencia la pérdida parcial de la visión de su ojo izquierdo, que tampoco fue atendida”, recuerda Ignell Marín, hermana del preso político. Después de dos años de espera, este #7Sep el teniente coronel fue sometido a un nuevo juicio por el caso La Viñeta, en el cual lo señalan de organizar un ataque para exigir su liberación. Cabe recordar que Marín Chaparro fue llevado a una audiencia de presentación clandestina, en la Dgcim, a las 10:00 p. m. del 1 de febrero de 2024, en la cual lo imputaron por los delitos de asociación para delinquir, terrorismo, conspiración y traición a la patria. Mientras que a los otros presuntos involucrados en este caso los llevaron a su audiencia de presentación en noviembre de 2023. Marín Chaparro ya cumplió su condena el 9 de septiembre de 2025 y el tribunal militar no se ha pronunciado sobre el cierre formal de su primera causa, hasta el momento, manteniéndolo en un limbo jurídico. Es deber del Estado velar por la vida y la integridad de las personas bajo su custodia y, nuevamente, niega la atención médica oportuna y especializada. El lunes #7Sep, mientras Marín Chaparro era sometido a un nuevo juicio, la defensora del pueblo se comprometía a revisar los casos de detenidos con patologías graves. Desde el #OVP exigimos que Egleé González cumpla con las atribuciones constitucionales que tiene como defensora del pueblo y traduzca sus promesas en acciones reales.

“Ver a mis padres recibir esta noticia ha sido un golpe directo al corazón, ver lágrimas en sus rostros me destruye el alma. Ellos están dolidos, pero lejos de quebrarse, su fe se fortalece porque saben quién es su hijo y conocen su integridad”, cuenta Ignell Marín, hermana del teniente coronel Igbert José Marín Chaparro, preso político desde marzo de 2018. Tras ser excluido de la Ley de Amnistía sus familiares confirman que “seguimos bajo un sistema que no muestra señales de un cambio real”. Esta acción contradice cualquier discurso de reconciliación del gobierno de Delcy Rodríguez y, además, demuestra que la voluntad política sigue por encima de los derechos humanos. El teniente coronel fue detenido el 2 de marzo de 2018, cumplió la condena (7 años y 6 meses) de su primera causa el 9 de septiembre de 2025. Y el 1º de febrero de 2024 fue imputado por el caso de "la viñeta", en una audiencia clandestina en la Dgcim en horas de la noche, que podría postergar el encarcelamiento hasta por 30 años. Hasta la fecha no le han permitido defensa de su confianza. En el caso de "la viñeta" le imputaron por los presuntos delitos de terrorismo, conspiración, asociación y traición a la patria. Marín Chaparro lleva dos años en la cárcel del Rodeo I, donde el OVP ha documentado torturas, castigos en celdas y aislamiento prolongado. Ignell Marín, hermana del teniente coronel, expresó al OVP lo difícil que ha sido para la familia este proceso. “Resulta doloroso ver cómo la libertad de los presos políticos se condiciona a una Ley de Amnistía que, desde su origen, ha demostrado ser restrictiva. Es un hecho reconocido internacionalmente que mi hermano está tras las rejas por una decisión política. Si esa voluntad bastó para encarcelarlo injustamente, esa misma voluntad debería ser suficiente para devolverlo a casa con una libertad plena”. Sin embargo, asegura que su lucha no se detiene y ya introdujeron la apelación correspondiente. “No voy a detenerme hasta lograr la libertad de Igbert, porque él es inocente. Mientras en este país exista un solo preso político, la democracia seguirá siendo una tarea pendiente”, dijo. La negativa de amnistía para los presos políticos en Venezuela demuestra que el régimen de Delcy Rodríguez sigue utilizando la ley como un mecanismo de castigo y no de justicia. Esta situación condena a los detenidos a un ciclo de incertidumbre y atropellos procesales, donde los derechos fundamentales como la defensa privada y el debido proceso son sacrificados. “El secretario del tribunal que lleva la segunda causa de mi hermano me informó que deben ‘esperar instrucciones’ para decidir a quién le permiten defensa privada. Ejercer la defensa no es un ruego ni una plegaria, es un derecho constitucional sagrado”, agrega Ignell Marín. #OVP insta al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo a abrir una investigación penal inmediata, exhaustiva e imparcial por notitia criminis sobre las reiteradas denuncias de familiares de la violación al debido proceso. No cesaremos nuestra documentación ni de informar a los organismos internacionales. Habrá justicia.