El problema va más allá de si Bolsonaro ingresó a la Argentina con pasaporte europeo, DNI o con su situación migratoria en regla. La gravedad está en que el Gobierno y sus funcionarios hayan sido cómplices de alguien que se estaba profugando de la justicia, de haberle dado asistencia con recursos del Estado y de haber sido parte de una posible operación de inteligencia. Si la fuga se dió con un avión de propiedad de Mastropietro, investigado en la causa por presuntas coimas en la ANDIS, si en Puerto Iguazú hubo algún funcionario o asesor de Milei supervisando la operación... Hay una clara complicidad y participación en este papelón internacional y diplomático. Además hay que analizar si se cumplió con el DNU 366/25, firmado por el propio Milei, que modificó la Ley de Migraciones. El artículo 8 establece los impedimentos de ingreso y permanencia, entre ellos la omisión de informar antecedentes penales o requerimientos judiciales. Y el artículo 16 que prevé la expulsión en determinados supuestos. Todo mal hacen. Que caro nos va a salir.