El ministerio sacrificado Por: @Migueevam Desde 1997 el Ministerio de Cultura ha servido para coordinar, regular y emitir las disposiciones que tienen que ver con la preservación y la promoción de las artes, saberes, tradiciones y culturas de Colombia. Entre sus dependencias hay organismos como el Instituto Caro y Cuervo, el Archivo General de la Nación, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, la Biblioteca Nacional y el Museo Nacional. Aunque este ministerio es una entidad clave para preservar distintas tradiciones y manifestaciones del país, su gestión y sus aportes suelen pasar desapercibidos. Son pocas las iniciativas que recuerdo del Ministerio de Cultura, así como a pocos de sus ministros. Me acuerdo de la Economía Naranja promovida por el expresidente Iván Duque, que buscaba impulsar la producción cultural y creativa del país —cine, música, libros, diseño, moda, software— con incentivos tributarios y la meta de elevar su peso en la economía del 3% al 5% del PIB. Una política de Estado que terminó quedando corta ante la expectativa de lo que buscaba alcanzar. Otro caso destacado fue el del nombramiento de ministra de Patricia Ariza en el comienzo del Gobierno Petro, la cual hablaba del sector cultural para generar un cambio social de las comunidades a través de la cultura como un agente movilizador. Sin embargo, Patricia Ariza fue de las primeras ministras en salir del gabinete, y pasaron por él otras figuras que parecían figurar sólo para apoyar al presidente más que por una dirección destacada. El Ministerio de Cultura, lastimosamente, parece siempre quedar relegado a un segundo plano frente a otros Ministerios como el de Hacienda, Interior o Defensa, tal vez por la manera en la que vemos la cultura en Colombia, como algo a lo que somos ajenos, que parece ser una cosa estética y no algo que busquemos entender o disfrutar. Yo soy uno de los que les apuesta a las artes. Estoy a un mes y medio de graduarme como Profesional en Literatura, y si le apuesto a esta profesión no es solamente porque ame leer y escribir, sino porque creo que el arte y la memoria, en sus múltiples manifestaciones, tienen mucho poder y pueden generar muchas salidas laborales y profesionales. Sin embargo, estas dependen de estímulos y de protección, los cuales en este momento se están viendo fuertemente amenazados. Bajo el liderazgo de Paola Holguín, nuestra actual ministra, ha habido una serie de casos preocupantes dentro del sector, como el de la actual directora de la Biblioteca Nacional. Julia Cristina Daza Noguera es comunicadora social y periodista; hasta antes de ser nombrada para este cargo se había enfocado en comunicaciones y asesorías políticas, pero no tenía experiencia en el sector del libro. Además, funcionarios de la Biblioteca han denunciado que ha habido malos tratos de su parte, y un desconocimiento generalizado del sector, ignorando las funciones de una biblioteca y confundiéndolas con las de una editorial, proponiendo medidas que ya se vienen implementando o mostrando un abierto desconocimiento de archivo o hasta de autores emblemáticos como José Eustasio Rivera. El caso de Daza es particularmente indignante para mí porque, viendo en noticias cuales son algunos de sus vacíos, me di cuenta que yo, como egresado no titulado, soy una persona más competente para el cargo que ella, así como mis amigos, mis profesores, mis colegas y los egresados de programas similares como filólogos, bibliotecólogos, promotores de lectura, museógrafos, antropólogos y demás, personas que nos hemos formado en este sector estamos siendo abiertamente ninguneados por una institución gubernamental que debería proteger y darle visibilidad a estas profesiones. Y no podemos olvidar la puñalada final, la que una semana después sigue desangrando a Colombia en todos los rincones. La mañana del viernes 16 de octubre despertamos con la noticia de que habían mandado a recoger varias obras del Museo Nacional. Una de las obras más polémicas es un retrato del excandidato presidencial asesinado Carlos Pizarro Leongómez, el cual fue comandante del M-19 y después de que el grupo armado se desarmara fue candidato presidencial. Este cuadro fue descolgado junto con el de Bernardo Jaramillo Ossa, otro excandidato presidencial de tendencias de izquierda, pese a que él nunca empuñó un arma. Ambas pinturas eran parte de una exposición de candidatos presidenciales asesinados, de la cual Luis Carlos Galán Sarmiento afortunadamente no fue descolgado. Si bien es válido cuestionar y condenar las acciones delictivas de Pizarro, no es válido violar la independencia de una entidad con autonomía técnica y administrativa como el Museo Nacional y exigir el retiro de obras de arte que no se alineen a los principios de un gobierno de turno. Es todavía más preocupante saber que en esa gran purga se retiraron obras y emblemas de la historia nacional como la séptima papeleta, el bolígrafo del Acuerdo de Paz, la cédula de una mujer trans, y demás creaciones y símbolos de resistencia de minorías que han sido históricamente vulneradas y perseguidas como las personas LGTBIQ+. Y tal vez lo más preocupante sea el discurso del presidente De La Espriella para justificar el acto, en el cual afirmó que “El Estado tiene el deber moral, insoslayable y político de impedir que los espacios culturales sean captados por el socialcomunismo ateo”. Loable discurso, sobre todo sabiendo que esa declaración implica saltarse por encima la Constitución, amenazando principios como la libertad religiosa, la libertad de expresión y el respeto del pluralismo. Y del mismo modo es loable la trayectoria de Holguín en su cargo, sabiendo que su experiencia en el sector cultural se limitaba a declarar el carriel patrimonio nacional, y que en estas semanas su hoja de vida ha sido noticia, porque según reportes de prensa no terminó dos maestrías. Paola Holguín es una digna representante de los Nunca, porque al parecer nunca ha terminado un posgrado. Debo decir que celebro que esta decisión haya sido tumbada por una tutela que ordenó conservar y mantener todas las piezas retiradas, así como celebro que la ministra de Cultura haya sido citada a control político por todas estas acciones, pero no por eso dejo de tener preocupación al ver a mi sector tan precarizado. Veo algunas comunicaciones, declaraciones y actos del Ministerio de Cultura y pienso que se está convirtiendo en un Ministerio de Propaganda, que su gestión parece que llevaran una vaca al matadero, y que con lo que fuera quedando de la memoria del país, se va construyendo un relato a la medida del gobierno de turno. Un relato basado en el adoctrinamiento contra el que dicen luchar. Pero cuando se analizan y se entienden sus acciones se ve que es el Ministerio de Cultura el que activamente lo promueve priorizando una imposición ideológica sobre una gestión competente. El arte merece más. Merecemos más que funcionarios incompetentes, descarados y cínicos sin ningún mérito o aptitud para sus cargos, mientras se pasa por alto la formación de tantos profesionales capaces de gestionar estos campos. Espero que la resistencia que está habiendo por parte de varios sectores (museos, bibliotecas, etc.) impida que volvamos a sufrir por algo así, que las funciones del Ministerio tomen la relevancia pública que merecen, y que se mantengan condiciones dignas para los que tenemos la ridícula idea de hacer del arte un oficio. Espero que se nos haga el milagro.

Ganar era lo fácil Por: @ncalleh El miércoles nos enteramos de que el presidente de la República había apartado de su cargo al ministro del Interior, Rodrigo Lara. En su reemplazo llegaría el exprocurador Alejandro Ordóñez Maldonado, el mismo que, en su momento, destituyó a Gustavo Petro de la Alcaldía de Bogotá en medio del escándalo de las basuras. Lara nunca me pareció un ministro del Interior particularmente destacable. Cometió errores impropios de quien ocupa una de las carteras más importantes del Gobierno y sufrió derrotas políticas contundentes que, en apenas dos meses, han contribuido a erosionar significativamente la confianza que muchos ciudadanos, entre ellos yo, depositamos en este Gobierno. Por eso, su salida no me sorprende en lo más mínimo. Por el contrario, me parece una consecuencia bastante previsible de una gestión que, en muy poco tiempo, acumuló más desaciertos que resultados y terminó por hacer insostenible su permanencia en el cargo. Por su parte, al exprocurador se le conoce por diversos atributos: la firmeza de sus posiciones, su actitud implacable frente a la oposición y su capacidad para defender sus convicciones hasta las últimas consecuencias. No pretendo hacer un juicio de valor sobre estas características; sin embargo, considero que el cargo de ministro del Interior exige otras cualidades, especialmente la capacidad de construir consensos, tender puentes y mantener abiertos los canales de diálogo, incluso con quienes piensan distinto. Hoy, más que nunca, el Gobierno necesita un ministro del Interior capaz de conciliar, alcanzar acuerdos y tender puentes; alguien que, llegado el momento, tenga la altura política suficiente para hacer concesiones a la oposición cuando estas contribuyan al bienestar del país. Porque gobernar no consiste únicamente en defender las propias convicciones, sino también en reconocer que, en una democracia, ninguna fuerza política tiene el monopolio de la razón. El Ministerio del Interior no puede convertirse en una trinchera desde la cual se profundicen las diferencias, sino que debe ser un espacio de interlocución en el que estas puedan tramitarse. Al fin y al cabo, la capacidad de un gobierno para sacar adelante su agenda no depende exclusivamente de la firmeza con la que defienda sus posiciones, sino también de su disposición para escuchar, negociar y construir consensos sin renunciar a sus principios. Como bien se dice en Hamilton, uno de mis musicales favoritos, escrito por Lin-Manuel Miranda: "Winning was easy, young man; governing is harder" (Ganar fue fácil, joven; gobernar es más difícil). Y hoy el Gobierno nacional parece estar descubriendo el significado de esas palabras de una manera que dista mucho de ser la ideal. Porque una cosa es conquistar el poder y otra muy distinta es ejercerlo con la responsabilidad, la prudencia y la capacidad de diálogo que exige la democracia. La llegada de un nuevo ministro del Interior debería representar una oportunidad para corregir el rumbo, reconstruir las relaciones con el Congreso y recuperar la confianza perdida. Sin embargo, me preocupa que el Gobierno esté confundiendo la necesidad de recuperar autoridad política con la de endurecer sus posiciones. La firmeza puede ser una virtud, pero cuando se ejerce sin disposición al diálogo corre el riesgo de convertirse en intransigencia. Al exprocurador, como a todos los que llegan a un cargo en el gobierno, le deseo el mayor de los éxitos, total, si le va bien al gobierno, indefectiblemente nos irá bien a los ciudadanos. Pero ojalá esta nueva etapa sirva para entender que las diferencias políticas no se resuelven simplemente imponiendo posiciones ni convirtiendo a los contradictores en enemigos. Gobernar exige saber cuándo defender una postura y cuándo ceder en ella. Porque, al final, el verdadero éxito de un gobierno no debería medirse por la cantidad de disputas que gana frente a sus opositores, sino por su capacidad para, a través de sus políticas, mejorar las condiciones materiales de sus ciudadanos.

Cuento de terror Por: @SantiHenaoC Para escuchar leyendo: Dernière Danse, Indila. A la vuelta de la esquina tenemos Halloween, ¿cómo anda este añito, ah? En fin, ya los niños andan puliendo el disfraz y calculando qué cuadras dan mejores dulces. Pero queridos paisanos, quiero aprovechar que aún estamos con tiempo para advertirles sobre una entidad espectral que no sale en las películas, pero que ronda nuestros barrios desde hace décadas. Tengan cuidado con ella cuando salgan a pedir dulces, y sobre todo cuando vayan a dar el voto el año entrante. Nadie sabe bien de dónde salen. Unos dicen que de las sedes de campaña vacías, otros que de los salones oscuros donde se firman los avales. Se les ve deambular cada cierto tiempo, antecitos de las elecciones, persiguiendo a ciudadanos incautos con lemas vacíos y ahora con imágenes de IA baratas. Uno los reconoce por los detalles. Sonríen un segundo de más, extienden una mano tibia y saludan como si lo conocieran a uno de toda la vida, aunque el resto del tiempo ni se acuerdan de que el barrio existe. Repiten siempre la misma letanía: que ahora sí, que esta vez sí. Dicen “vamos a” y nunca dicen quién paga. Aquí en Medellín, por ejemplo, usan siempre la misma camisa celeste de manga larga, se peinan igual, y adoptan un sonsonetico tan maluco que, además de insultar el hablao paisa, lo hace a uno preferir oírle los lamentos a la Llorona misma (Ojalá la de Chavela). Dejan rastros, paisanos, pendones desteñidos en los postes, volantes en el suelo mojado, un jingle que no se le sale a uno de la cabeza. Ahora fabrican abuelitas sonrientes con seis dedos y ciudades relucientes que no están en ningún mapa. Parecen sacados de un mal sueño y solo sirven para que uno siga dormido. En Medellín y Antioquia ya los empezamos a ver. Aparecen al caer la tarde bajo los guayacanes y los yarumos, midiendo los troncos con la mirada y hablando de progreso. Repiten orgullosos que hay que tumbar árboles para abrir más vías, que a la Regional hay que ponerle un segundo piso, y lo dicen sobre un valle que cada marzo se asfixia en su propio humo. No es que no les de vergüenza ¡Es que les da orgullo! Esos espectros no recuerdan la sombra que dan los árboles ni el aire que nos queda. Solo ven cemento y la cara de incautos a quienes les creen. Lo más escalofriante es que no hacen daño enseguida. Esperan. Cuando uno les entrega el voto, la entidad se instala en un despacho con aire acondicionado y se desvanece. Las promesas se pudren despacito: la obra a medias, el contrato torcido, el presupuesto que se evaporó. O peor, cumplen las malevas ideas para asfixiarnos más. Por eso, queridos paisanos, les quiero dejar este cuento con el cariño de vecino: huyan de los politiqueros con promesas baratas y dañinas, de sus hordas de zombis pagados con contratos, porque pueden hacer realidad la peor de las pesadillas. Pidan propuestas con cifras y desconfíen del que solo llega cuando hay votos de por medio. Que los pelaos pidan dulces tranquilos. El verdadero truco nos lo hacen cada cuatro años. ¡Ánimo!

Vírgenes y payasos como rebeldía Por: @catalinafrancor “El cinismo es hoy el último refugio de los que temen comprometerse”. Elvira Lindo. Hablaba Nuria Labari en su columna sobre las jóvenes que llevan vírgenes y cruces como accesorios por moda, por rebeldía. Jóvenes que crecieron en familias laicas pero a quienes, según ella, las generaciones que las preceden les han fallado, así que no encuentran lugar en el mundo y finalmente les queda “tal vez la Virgen. O la revolución”. Se refería a esa porción de la juventud cada vez más religiosa y más de derecha. Una juventud que pesa en el cambio que vive el mundo, definiendo el futuro de países, sociedades y de la humanidad. Este domingo se votará la segunda vuelta en Brasil. Recurro a Eliane Brum que, instalada valientemente en plena Amazonía para escribir desde dentro de la catástrofe, lleva insistiendo semana a semana desde hace años sobre la gravedad de lo que sucede: “No son unas elecciones normales y quien las trate como si lo que estuviera sobre la mesa fueran dos proyectos compatibles con la democracia está desinformando a los lectores. No hay neutralidad posible cuando lo que está en juego es la propia democracia, la supervivencia de la Amazonia y la vida de muchos”. Y dice el periodista brasilero Joan Royo Gual que los votantes “tendrán en sus manos el destino de la mayor selva tropical del mundo (…) reguladora del clima y dique de contención clave frente al calentamiento global, con las mayores reservas de agua dulce del mundo y unas riquezas naturales que aún se desconocen en muchos casos”. Recordando también que “en los cuatro años del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva la deforestación en la Amazonía ha caído un 71%, hasta llegar a los niveles más bajos desde 1988. Con Bolsonaro padre subió un 60%”. La Amazonía morirá si gana el candidato de extrema derecha, hijo de un criminal que trató de quedarse en el poder con un intento de golpe de Estado. Muchos supuestos amantes de los animales y la naturaleza miran para otro lado. Así como con la democracia: resulta desolador pensar en aquellos que tanto la defienden, a no ser que la amenaza venga de la derecha. Que buena memoria hay en España, en donde tantísima gente recuerda el horror del fascismo y habla en voz alta para recordarlo e impedir su regreso. "La filósofa Judith Shklar advertía que la frontera entre la desgracia y la injusticia no la traza la naturaleza sino la política, y que solemos llamar desgracia a aquello de lo que no queremos hacernos cargo", escribió Máriam Martínez-Bascuñán. Percibimos el humo en un mundo en llamas. Las tremendas noticias diarias han perdido cualquier capacidad de asombrar proporcional a su gravedad. Hemos dejado de hacernos cargo, sintiendo que nos han fallado, así que millones se rebelan aferrándose a payasos que prometen a los gritos, intentan desafiar a quienes les producen ira, supuestos culpables de todo, y entonces van por ahí exhibiendo su afinidad a las caricaturas artífices de la oscuridad. Ojalá no estuviéramos tan seguros de todo, fuéramos más capaces de dudar. Escribió Juan José Saer en El entenado: “Pero ahora que soy un viejo me doy cuenta de que la certidumbre ciega de ser hombre y sólo hombre nos hermana más con las bestias que la duda constante y casi insoportable sobre nuestra propia condición”. Hubo una vez un año remoto en el que el triunfo de un magnate zanahoria para liderar la democracia más poderosa del mundo pareció un chiste malo. Aquella pesadilla se ha convertido en la norma. Bien lo dijo Antonio Muñoz Molina: “La templanza es menos fotogénica que la ira”.

Petro, el lastre de la oposición Por: @MateoGrisalesC7 Después de cuatro años marcados por una estridente forma de gobernar, Petro reclama ahora su lugar como líder único e indiscutible de la oposición, la izquierda y las causas progresistas. Sin embargo, el peso de su figura parece ser más un estorbo que un impulso para quienes deberían estar concentrados en ejercer control político y construir una alternativa al actual gobierno. Cada semana, el expresidente vuelve a ser noticia por las secuelas de los desastrosos resultados de su administración en materia fiscal, seguridad o salud; por las graves denuncias de corrupción que rodearon su gobierno o por los escándalos relacionados con su vida privada. Y cada día que la opinión pública concentra su atención en estas controversias es un día menos de escrutinio sobre las decisiones, los errores y los abusos del gobierno actual. Petro fue un mal presidente. No solamente por sus resultados, sino por una forma de ejercer el poder marcada por la megalomanía, el egocentrismo y, sobre todo, la falta de método y rigor. Su liderazgo en la oposición parece ser una prolongación de ese mismo estilo: mucho protagonismo, demasiada confrontación y poca capacidad de organización. La oposición del Pacto Histórico lleva dos meses con un supuesto gabinete a la sombra, pero sin una ruta clara, sin una agenda reconocible y en medio de duras disputas internas. Le entregaron a Petro el protagonismo de las réplicas al presidente y el resultado produce más pesar que interés. Mientras tanto, sus alfiles más experimentados dedican más tiempo a defender lo indefendible de su legado que a ejercer control político sobre quien llegó al poder prometiendo destruirlo. Es una oposición atrapada en la profunda vanidad de su líder. Incapaz de pasar la página, de renovar sus liderazgos y de comprender que defender las causas progresistas no debería significar defender a Petro a cualquier costo. Y ese es quizás el mayor daño que el expresidente le está haciendo a su propio sector político: convertir las causas que dice representar en una extensión de su personalidad. La defensa de la justicia social, la igualdad, el medioambiente o las libertades no puede depender de la lealtad incondicional a un dirigente, mucho menos de la obligación de justificar sus errores. Colombia necesita una mejor oposición. Una que investigue, cuestione, proponga y ejerza un control político serio. Una que entienda que oponerse al gobierno no consiste en protagonizar toda polémica, sino en ofrecerle al país alternativas creíbles. Mientras Petro siga siendo la principal contracara del actual gobierno, y no aparezcan otras opciones viables, los extremos seguirán alimentándose mutuamente. Cada uno encontrará en los excesos del otro la justificación perfecta para los propios. Así, la polarización dejará de ser una consecuencia de nuestra política para convertirse en su principal mecanismo de supervivencia. No confío en que el Pacto Histórico sea capaz de romper ese círculo. Hasta ahora, parece incapaz de organizarse alrededor de un proyecto que no dependa de la figura de Petro. La pregunta es si otros sectores políticos tendrán la capacidad de construir una oposición digna, rigurosa y concentrada en los problemas del país. Porque una democracia no solamente necesita un buen gobierno. También necesita una oposición a su altura.

¿Cuánto les cuesta la verdad? Por: @Tania_Torres___ La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) enfrenta una reducción de $181.402 millones en el presupuesto de 2027. Aunque el Gobierno anunció que expedirá el presupuesto por decreto, tomando como base el texto aprobado en primer debate, la discusión sobre los recursos del tribunal dejó algo claro: hay sectores políticos que siguen cuestionando su existencia y sus resultados. Me conflictúa la facilidad con la que personas que no han tenido que buscar a un familiar desaparecido, que no han tenido que reconstruir sus vidas después de la violencia o que no han tenido que convivir con las consecuencias del conflicto se sienten autorizadas para reducir una institución de esta naturaleza a una discusión sobre cuánto cuesta. Como si la paz pudiera liquidarse en una hoja de Excel y la reparación de las víctimas fuera un gasto prescindible. La JEP nació del Acuerdo de Paz de 2016, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, para investigar y juzgar los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado. No es una institución improvisada ni un capricho político. Su creación responde a la necesidad de esclarecer una violencia que durante décadas dejó a miles de familias sin respuestas y a un país acostumbrado a enterrar a sus muertos sin saber quiénes los había asesinado ni por qué. Hablemos de los falsos positivos. Durante años, la cifra que conocimos fue de 6.402 víctimas, pero la investigación de la JEP amplió el periodo analizado y llegó a identificar 7.837 víctimas de ejecuciones extrajudiciales entre 1990 y 2016. La cifra crece porque aparecen nuevos elementos y se reconstruyen hechos que durante años permanecieron ocultos. No son números para alimentar una disputa partidista. Son personas asesinadas ilegítimamente y presentadas como bajas en combate, familias que merecen saber qué ocurrió y responsables que deben responder por sus actos. A la fecha, los macrocasos y las investigaciones abiertas por el tribunal abarcan alrededor de 840.000 víctimas del conflicto armado. Detengámonos un momento en esa cifra. La JEP ha recibido más de tres billones de pesos desde 2018, según los datos presentados en el debate presupuestal. Si dividiéramos esa suma entre esas 840.000 víctimas, hablaríamos de aproximadamente 3,57 millones de pesos por víctima durante todo ese periodo. Es un ejercicio ilustrativo, no una fórmula para distribuir el presupuesto ni una medida de reparación individual. Pero sirve para preguntarnos algo: ¿cuánto vale recuperar a un hijo desaparecido?, ¿cuánto cuesta devolverle la tranquilidad a una familia que lleva décadas buscando respuestas?, ¿cuánto dinero repara una vida arrebatada? Ni siquiera esos billones alcanzarían para responder al dolor que dejó la violencia. Y, aun así, hay quienes pretenden que la discusión se agote en cuánto cuesta mantener la institución que busca esclarecerla. Que la JEP deba rendir cuentas no está en discusión. Sus contratos, desplazamientos y gastos deben ser transparentes, y sus resultados tienen que evaluarse. Lo que me cuesta entender es que algunos congresistas presenten sus cuestionamientos como si el tribunal no hubiera producido resultados, desconociendo el trabajo de investigación, reconocimiento y búsqueda que ha desarrollado. La justicia restaurativa no consiste en perdonar a los responsables y dejarlos seguir con sus vidas. Exige verdad, reconocimiento de responsabilidades, reparación y garantías de no repetición. La justicia ordinaria tampoco ha conseguido esclarecer por sí sola todos los crímenes de una guerra que atravesó generaciones y territorios enteros. Las audiencias de reconocimiento, los procesos restaurativos y la búsqueda de desaparecidos no son paseos ni actividades innecesarias. Son parte de una justicia que intenta responder preguntas que durante décadas quedaron abiertas. En el caso de Casanare, por ejemplo, las investigaciones sobre personas desaparecidas y presentadas como bajas en combate muestran por qué es necesario reconstruir los hechos, establecer responsabilidades y escuchar a las familias. Para quienes llevan años buscando a sus seres queridos, conocer la verdad no es un resultado menor. Y esta discusión no se puede separar de lo que está pasando con la memoria en Colombia. Las controversias alrededor del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación y las decisiones políticas sobre qué expresiones artísticas deben permanecer en el espacio público me preocupan porque parecen partir de una misma pregunta: ¿quién decide qué debe recordar el país y qué puede borrar de su historia? El monolito del Centro de Memoria no está ahí para decorar una ciudad. Es un memorial que representa el duelo de miles de víctimas y la necesidad de reconocer nuestra historia violenta. ¿También vamos a demolerlo porque nos incomoda lo que representa? La JEP utiliza las instalaciones y plataformas del Centro de Memoria para desarrollar audiencias, transmisiones y diálogos pedagógicos relacionados con la verdad, el reconocimiento de responsabilidades y la no repetición. La memoria y la justicia transicional están conectadas: sin preservar lo ocurrido, sin escuchar a quienes sobrevivieron y sin reconocer a quienes fueron asesinados, difícilmente podremos construir una sociedad que no repita su historia. Esto no se trata de traer a Álvaro Uribe al banquillo de los acusados, como pretenden simplificar algunos la discusión. Se trata de que ninguna persona esté por encima de la obligación de esclarecer los crímenes y responder ante la justicia cuando corresponda. Tampoco se trata de darle a la JEP un cheque en blanco. Se trata de entender que una institución puede y debe ser vigilada sin desconocer el propósito para el que fue creada. La JEP fue concebida para funcionar durante quince años y lleva ocho. No podemos exigir que resuelva en ese tiempo todas las heridas de una guerra que duró décadas, aunque sí debemos pedirle resultados y cumplimiento de sus obligaciones. Mientras discutimos sus costos, hay madres que siguen buscando a sus hijos, niños y niñas que crecieron con familias destruidas y comunidades que hoy enfrentan nuevas formas de violencia y reclutamiento. ¿De verdad creemos que debilitar las herramientas para esclarecer el pasado nos ayudará a resolver esas heridas? Entiendo a los congresistas que exigen explicaciones sobre los recursos públicos. Lo que me cuesta aceptar es que la preocupación por el presupuesto termine pesando más que la obligación de escuchar a las víctimas. Todos los días convivimos con dolores que no sabemos cómo perdonar y, aun así, tenemos el atrevimiento de decidir cómo deberían repararse los demás, cuánto deberían costarnos sus heridas y cuándo tendrían que dejar de hablar de ellas. En un país con tanta violencia, la JEP es necesaria. Podemos discutir su gestión, exigir transparencia y corregir sus fallas, pero no podemos convertir esas discusiones en una excusa para desconocer su papel restaurador ni para cerrar los ojos ante las verdades que todavía faltan por conocer. Hay futuro si hay verdad.

¿Y el periodismo? Por: @MariantoniaRG “El periodismo, el buen periodismo, debe iluminar, ayudar a entender y decantar en medio de la incertidumbre.” Yolanda Ruiz A la periodista no se le olvidó cómo hacer preguntas. No quiso incomodar a la primera dama, eligió sonreír e, incluso, reforzar las palabras de la entrevistada. El episodio de Vanessa de la Torre entrevistando a Ana Lucía Pineda es una perfecta imagen de lo que acontece entre los periodistas y medios tradicionales con el gobierno de Abelardo de la Espriella: los primeros asumieron la decisión de no incomodar al poder. Y el segundo insiste en señalar cuál es el “periodismo verdadero, el que sí le sirve al país”. Y buena parte de los periodistas de medios tradicionales se mantienen en silencio. Es oportuno recordar las palabras de la periodista Yolanda Ruiz al recibir el “Gran premio a la vida y obra de una periodista” en el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar: “Las sociedades están cimentadas en la confianza y es grave que se pierda. Algunos están interesados en que se pierda esa confianza en la prensa. Para los líderes autoritarios el periodismo independiente es un peligro, una piedra en el zapato, por eso cazar peleas con la prensa está en el manual de todo populista y aprendiz de autócrata, sin importar en qué orilla esté alineado. Para hacerlo se tiende un manto de duda sobre todos en nuestro oficio.” Ruiz describe lo que hoy acontece en Colombia. Que el presidente defina cuál es el periodismo que sí le sirve al país es trazar, sin resistencia, una línea entre los periodistas que le convienen y los que le estorban. El silencio de los medios tradicionales tiene explicaciones. Dependen de la pauta, del acceso a las fuentes oficiales y de mantener una buena relación con quienes gobiernan y cuando ese vínculo pesa más que la pregunta, se nota. Volviendo al discurso de Yolanda Ruiz: “Este trabajo, reitero, es un ejercicio de resistencia pacífica porque nos obliga a ser veedores de todos los poderes. Y todos, absolutamente todos los poderes, quieren en algún momento interferir con la información. Incomodar es parte de nuestra tarea, como preguntar y cuestionar.” Esa tarea exige preguntar lo que la ciudadanía no puede preguntar y contrastar lo que el gobierno dice con lo que hace, sin importar quién gobierne. Un medio que renuncia a esta por acomodarse deja de cumplir su razón de ser, aunque siga llamándose periodismo. Por eso quiero cerrar con un llamado a los periodistas independientes: sé que corren un alto riesgo, pero, por favor, no claudiquen. Serán señalados, probablemente más que los otros, pero la distancia que mantienen frente al poder es lo que les da autoridad y hoy esa distancia está menos contaminada que la de los medios tradicionales. Como sociedad nos corresponde custodiarlos. Un periodista que investiga sin respaldo queda expuesto. Leerlo, compartir su trabajo, apoyarlo económicamente cuando sea posible y no dejarlo solo cuando lo ataquen es lo mínimo que podemos hacer para que la investigación continúe.

Confiar en el vecino Por: César Herrera De la Hoz El país sabe cuántos homicidios hubo ayer. Casi nunca se sabe cuánto confía una persona en quien vive al lado, y de ello depende, en parte, lo que ocurre antes de que algo se convierta en delito. En Colombia, esa confianza se queda en el círculo cercano. En la octava ola de la Encuesta Mundial de Valores, la confianza en la familia es altísima y en los conocidos sigue siendo alta. Pero cae rápidamente a medida que la persona se vuelve menos cercana y, frente a quien se acaba de conocer, es muy baja. La confianza no es lo mismo que la tolerancia. En Bogotá, la misma encuesta muestra que el rechazo a tener como vecinos a personas de otra raza o a personas homosexuales cayó con fuerza respecto de 2018, aunque persiste en algunas localidades. Se acepta más al otro, pero eso no implica que se confíe más en él. La tolerancia evita el conflicto abierto. La confianza permite la cooperación. Para la convivencia hacen falta las dos. Esto importa para la seguridad por una razón que la academia ha estudiado durante décadas. En un trabajo clásico sobre barrios de Chicago, los autores llamaron eficacia colectiva a dos cosas juntas: que los vecinos se tengan confianza y que estén dispuestos a actuar cuando algo anda mal. Es el vecino que interviene para evitar una pelea en la calle o que reclama por daños en un espacio público del barrio. Los barrios con más de ella registraron menos violencia. Y la diferencia no se explicaba por quiénes los habitaban ni por la violencia que ya habían sufrido. Lo que cuenta no es solo confiar. Es estar dispuesto a hacer algo. Esas acciones pequeñas son el primer nivel de la convivencia y se apoyan en una confianza mínima de que el otro hará lo mismo. Cuando esa confianza falta, el conflicto cotidiano tiene dos caminos. Escala hasta volverse violento, o se resuelve ante un tercero que impone su ley. Y quien desconfía del vecino y de la policía tampoco denuncia, así que el problema no llega a ninguna estadística. Conviene cierta cautela. Los resultados de Chicago no se han replicado de la misma manera en todas las ciudades. Además, la causalidad puede ir en la dirección opuesta, ya que la violencia también destruye la confianza. No es seguro cuál pesa más. Aun así, los indicadores de seguridad casi nunca miden la confianza entre vecinos ni la disposición a intervenir, y una política que no los considera trabaja con solo una parte del cuadro. Medir la confianza no la crea, pero permite saber en qué barrios la convivencia se sostiene por sí sola y en cuáles depende por completo de la autoridad.

¿Debe el Estado financiar el arte y la cultura? Por: @TrujilloUrrea El mago Kandú volvió a los escenarios esta vez como analista social. El actor Robinson Díaz declaró en una entrevista para el Tercer Canal que rechazaba la afirmación popular de que “hay que apoyar el arte”. Díaz fue enfático en señalar que, si el arte es bueno, las personas van a estar dispuestas a pagar por él como hacen con Bad Bunny o Shakira. El video inundó los perfiles de personas que se oponen a que el Estado financie el arte y la cultura. En tiempos de déficit fiscal, de necesidad de un ajuste al gasto público, los discursos del Estado mínimo ganan cierto brillo. El argumento de aquel que interpretó a Saul en “La Pena Máxima” —una de las mejores películas hechas en Colombia— es, si se quiere, neoclásico en términos económicos. Díaz acepta en su análisis que el sistema de precios es el mejor mecanismo de valoración social. En ese sentido, si una obra es buena los espectadores van a pagar por ella. Lo bueno, en este caso, está dado por la generación de valor económico. Si el público paga, entonces eso habla de la genialidad de la creación artística. El buen arte será aquel que es valorado con dinero. ¿Qué pasa entonces con aquel arte por el que no se paga? ¿No tiene ningún valor y debería desaparecer? Una posible respuesta a esa pregunta la encontramos en la obra de Michael Sandel, el célebre profesor de filosofía moral de Harvard. Sandel plantea que muchas cosas no pueden ser apreciadas por el sistema de precios pues estaríamos efectuando una falsa valoración. Pensemos por ejemplo en uno de los casos más extremos. No permitimos que se establezca un mercado de compra y venta de niños porque estaríamos valorándolos falsamente. Un niño no es un bien de consumo. No creemos que los buenos niños valen más que los niños malos.  En ese mismo sentido, no permitimos que los ciudadanos vendan su voto porque consideramos que hay un valor asociado al ejercicio de la ciudadanía que no puede ser estimado por el dinero, y que, de hacerlo, estaríamos corrompiendo ese bien, convirtiendo un deber cívico en un asunto transaccional. Con el arte y la cultura sucede algo similar. Cuando aceptamos que el precio es el único modo de valorarlo estamos realizando una falsa valoración. El arte y la cultura tienen también valor patrimonial y social. Cuando consideramos que su valía está dada solo por la lógica del mercado lo reducimos a mero objeto de intercambio. ¿Si nadie paga por una canción hecha en nukak makú debería desaparecer como patrimonio colombiano? ¿Si las mochilas Wayuu dejan de comercializarse deberíamos permitir que desaparezcan? ¿El Estado no debería invertir recursos para garantizar el mantenimiento del patrimonio cultural? ¿Solo el arte por el que se paga es el que tiene valor?

¿Qué sigue, Abelardo? Por: @Martinposadam ¿Prohibir la consulta y venta de libros sobre la violenta y truncada historia de Colombia, no en provecho del olvido (¡qué tal!), sino en favor de algunos principios universales y de la voluntad general? ¿Eliminar, por ejemplo, Cien años de soledad de todo plan lector escolar por ridiculizar la utilidad de la guerra? ¿Prohibir la lectura generalizada de La Vorágine por supuestamente revelar los demonios de la ambición? ¿Censurar la reproducción de Las Razones del Lobo de Marta Hincapié Uribe por hacer apología del terrorismo, revelando desigualdades ficticias y glorificando el solapado trabajo de los defensores de derechos humanos? ¿Cubrir La Violencia de Alejandro Obregón por ser demasiado explícita para un niño? ¿Cerrar la exposición El Testigo de Jesús Abad Colorado por los motivos expuestos, pero en especial para evitar que se traumen los niños? ¿Instalar un criterio fijo de lo que sí se entiende como arte y lo que no (sugiriendo, quizás, un necesario retorno al renacimiento italiano)? ¿Propiciar las expresiones artísticas que dignifiquen a los héroes de la guerra, al desarrollo, a la familia, a la belleza de Colombia y a la palabra de Dios? (Priorizar obras que aborden la historia de Rafael Núñez, la gloriosa Constitución de 1886, la salvaguarda del Palacio de Justicia, la independencia de Israel, el éxito del Plan Colombia…). ¿Censurar la reproducción de toda Audiencia de Reconocimiento de la JEP por no dar cuenta de cómo deben funcionar de verdad los juicios penales? (Es necesario enfocarse en la importancia del Pathos, el Logos y el Eros, por completo ausentes en estas wanna-be audiencias). ¿Prohibir la mención, la promulgación y toda suerte de expresión relacionada con el número 6.402 por tratarse de una expresión vengativa e injusta? ¿Prohibir el Carnaval del Diablo de Riosucio por hacer apología al demonio y atentar contra el mandato divino de Cristo Rey? ¿Prohibir la composición, grabación, escucha y canto del rap por su tendencia revolucionaria y disidente? (Incluyendo las canciones de Bad Bunny, abiertamente mamerto). ¿Prohibir los pogos en el rock por atentar contra la vida, la salud y la dignidad? ¿Y, en paralelo, todos los festivales y discotecas con música electrónica por ser lugares de consumo de drogas? ¿Prohibir la venta del nuevo y ansiado Grand Theft Auto VI por incitar al terrorismo y la violencia entre niños y jóvenes? ¿Borrar todos los grafitis de todas las calles del país por mantener la memoria de las masacres cometidas por el Estado? ¿Prohibir los recitales de poesía y clubes de lectura (salvo de la Biblia o del Libro de la Verdad del ilustre vicepres(ia)dente) por ser nichos del wokismo? ¿Prohibir las barras bravas en el fútbol por tratarse de focos de delincuencia y drogadicción? ¿Censurar y cerrar la página web del legado de la Comisión de la Verdad en atención a su parcialidad y nulidad fundacional? ¿Cerrar el Congreso de la República para evitar las desgastantes trabas de las representantes de la izquierda? ¿Desfinanciar y reducir progresivamente las carreras de humanidades (salvo Derecho, pero recortando clases de derecho constitucional e internacional) por no ser más que nichos del terrorismo propio del pensamiento sesgado por libros y profesores parcializados? Muy predecible… ¡Es necesario acudir a medidas más novedosas! Como si la memoria del pasado no nos advirtiera sobre estas situaciones nuevas y sin embargo análogas… «Lejos de seguir siendo prisioneros del pasado, lo habremos puesto al servicio del presente, como la memoria —y el olvido— se han de poner al servicio de la justicia», diría Tzvetan Todorov en otro libro para la lista de censurables.

Miren, estamos censurando Por: @slondonouribe Escribo esta columna días después del desmonte de treinta obras del Museo Nacional.  En un discurso de cerca de diez minutos, con su estilo sobreactuado de sheriff valeroso y entre aplausos y vivas de sus subalternos, el presidente de la república le ordena a la ministra de cultura (culturas, artes y saberes), a quien llamó una “generala” para dar “la batalla, la contra revolución cultural”, que enfrente al “socialcomunismo ateo” y desaparezca toda expresión de “wokismo” y toda “oda al terrorismo” del museo. La ministra, sonriente y emocionada con la misión, muy seguramente recordando su tesis de maestría (de la que no se graduó) titulada “Hacia una definición estratégica del terrorismo”, encarga al secretario general del ministerio para que se traslade al museo y “proceda de conformidad”.  Se imagina uno que el profesional en leyes caminó por cada sala señalando las obras que, de acuerdo con su vasta experiencia curatorial, encajaban en la directriz presidencial y el equipo del museo, resignado y sorprendido, iba desmontando. La censura suele tener un efecto inicial contrario al buscado -lo que se conoce como el efecto Streisand-. Afortunadamente varios columnistas, twitteros y medios han publicado cada una de las obras censuradas permitiendo que llegaran a cientos de miles de personas que nunca habían entrado, y probablemente nunca entrarían, al Museo Nacional. Bajaron el afiche de campaña de Pizarro (que el presidente mencionó con nombre propio), pero también el Bernardo Jaramillo Ossa (quien fue un crítico abierto de la lucha armada y quien jamás portó un arma). Retiraron la bandera LGTBIQ+ y publicaciones feministas. Retiraron afiches contra la violencia a mujeres y escondieron un instrumento de percusión (Yembé) que perteneció a un colectivo lésbico. Por lo del “sonido homosexualizador”, sin duda. Retiraron la Séptima Papeleta porque para este gobierno la Constitución del 91 es la raíz del “wokismo”. La suya es la de Núñez, Caro y Monseñor Builes. En un hilo de Twitter, María Paz Gaviria, gestora cultural y conocedora de la colección del museo (quien votó por @abdelaespriella), no solo menciona las obras retiradas, sino que muestra, tanto la incapacidad del gobierno felino de cumplir sus propias directrices, como las contradicciones resultantes de sus decisiones. En una sala llamada Fuerza, fe y sustancia el sábado 18 de octubre, un día después del paseo censor del abogado, todavía se podían encontrar algunas fotografías de Carlos Pizarro L. y una obra de Carlos Castro titulada La gran narco arca en la que Pablo Escobar, montado en un hipopótamo, supervisa el desembarque de varias especies para su zoológico privado de un avión de carga. “No es apología del terrorismo, es reconocimiento al emprendedor y al protector de las especies”, nos dirán desde la manada. Cabe preguntarse por el siguiente paso de esta “contra revolución cultural” haciendo preguntas, por ejemplo, ¿va la ministra a mandar a bajar el cuadro de Fernando Botero en el que aparece, de camuflado, toalla y fusil, Tirofijo y que está en la colección del Banco de la República?  ¿Van a presionar al Museo de Antioquia para para que esconda los cuadros del mismo autor en donde aparece la inmensa figura de un Pablo Escobar abaleado en un tejado de Medellín? ¿Qué va a pasar con los cuadros de Débora Arango que critican a la iglesia católica o que retratan la prostitución? La censura es grave y puede desembocar en persecuciones y violación a más derechos, pero creo que este acto contra la cultura es una estrategia de este gobierno para desviar la atención de grandes problemas que lo desnudan y de cuestionables proyectos que promueve. Esta semana se conocieron los datos del desplazamiento interno del mes de agosto. En un mes pasamos de 1711 a 5976 compatriotas desplazados. Estos se suman a los más de 9.2 millones que hacen parte del registro único de víctimas.  ¿Volvemos a una estrategia de seguridad que victimiza a la población civil? Después de dos meses del terremoto que afectó a 490 mil personas en 501 municipios y 16 departamentos, el gobierno nacional no ha puesto en marcha una respuesta articulada y coordinada y el Fondo Milagro solo existe en el papel.  No hay avance en las demoliciones y en la recuperación de infraestructura esencial y un porcentaje muy bajo de los damnificados han recibido los subsidios de arrendamiento y los bonos económicos. Los microempresarios y tenderos en su mayoría han tenido que cerrar y unos pocos han recibido ayudas del sector privado. Lentos, para decirse tan ejecutivos. El gobierno presentó ante el congreso un Estatuto antiterrorista (otra vez el tema de la ministra de cultura) que tiene algunos aciertos (persecución de bienes y rentas), pero que amplía la definición de terrorismo de tal forma que desfigura el concepto, propicia generalizaciones peligrosas y pone en duda principios constitucionales. El ejecutivo, sin participación de la justicia, puede, por ejemplo, catalogar a un ciudadano a o una empresa como terrorista congelando todo su patrimonio. En territorios con fuerte presencia criminal en donde la diferencia entre colaborador y víctima es nimia, esta medida va a generar tremendas injusticias. El gobierno quiere rehacer este país de espaldas a la Constitución y a los derechos que esta contiene. Está sin plata, aun no tiene un ajuste fiscal estructural y no ha iniciado el proceso de reconstrucción post terremoto. El presidente está perdiendo popularidad.  Por el desmonte de las obras del museo no podemos perder de vista el “gran cuadro” y los inmensos retos que enfrenta el país y que este gobierno pareciera querer sepultar lejos de la mirada de la ciudadanía detrás de animados discursos presidenciales y de pírricas victorias culturales.

Populismo, polarización y posverdad Por: @Juanmigo08 El mundo nunca había tenido tantas herramientas para conocer su propia realidad y, sin embargo, parece cada vez más empeñado en deformarla. La tecnología, el acceso a la información y la exposición mediática no volvieran a los ciudadanos más informados, sino más convulsos, contagiados e irritables. Tres elementos suelen señalarse como pilares de estas transformaciones: populismo, polarización y posverdad (las 3P, como suelen llamarlas algunos faltos de gusto). La política electoral se ha desplazado hacia los extremos. Algo que, aunque previsible en medio de la frenética volatilidad política, tomó a más de uno por sorpresa. El ataque rampante es hoy la mejor estrategia. La política del espectáculo ha terminado por llevar a los bufones al trono y relegar a los estadistas a un papel sombrío considerándolos demasiado aburridos (siempre será más apasionante llamar a alguien ladrón que demostrarlo). La verdad, tan alabada y glorificada por las personas de antaño que incluso llegaban a mancillar en su lengua, parece estar reconfigurando su existencia. Lejos de la vocación de objetividad, del rigor demostrativo o de la veneración científica, hoy reina como verdad aquello que se comparte, se cree y se interioriza colectivamente. La cuestión ya no es tanto sacar a relucir la pureza de un hecho observable a través de un método, sino hacer creer que un hecho, aunque distorsionado a la luz de la ciencia, puede ser aceptado en masa. Y, en la medida en que se cree y se repite, termina por convertirse en verdadero, pues produce efectos reales sobre las percepciones y las acciones de las personas. Así, una fantasía se asume como un acuerdo colectivo y, de inmediato, deja de ser justamente eso, una fantasía. Y sucede que algunos se suelen indignar, dedicándole gritos y agravios al aire. suelen leer esa transformación como una advertencia, y ahí yace un grave error. Porque mientras algunos se quedan gritando, caverna adentro, que existe un mundo exterior y que las sombras no son más que imágenes distorsionadas de la realidad, otros aprovechan ese juego para proyectar sombras más grandes y reforzar narrativas que terminan siendo creídas e, irremediablemente, verdaderas. Si la polarización, la posverdad y el populismo gobiernan, pues habrá que aprender a jugar el juego del gobernado. La única forma de mitigar los efectos negativos de esas fuerzas en nuestra sociedad es derrotarlas en el mismo juego que ellas mismas han impuesto.

El déficit institucional de Medellín Por: @palaciotamayo Hacer una transformación no es cambiar un adoquín por otro. Tampoco consiste en quitar unas pirámides para hacer un jardín que luego sea cloaca. Esta Alcaldía ha estado bastante obsesionada con el ornato de la ciudad, hay cuadrillas que corren a pintar cualquier atisbo de grafiti en un muro, pero no han podido con el olor nauseabundo de esta esquina y aquella otra. Transformar a Medellín exige ir mucho más allá del barniz estético. Implica entender que la prostitución no se erradica con redactar un artículo en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), ni que la ‘cultura ciudadana’ puede seguir utilizándose como ese comodín conveniente para lavar las manos de la administración ante su propia incapacidad institucional Si evaluamos la gestión de este periodo de gobierno, en clave del presupuesto, Medellín lo que tenía era un problema de falta de espacios recreativos y deportivos: inversiones millonarias para refaccionar el estadio, construir más piscinas y hacer estudios públicos de grabación musical. ¿Vivienda?¡nu ahg!¿Atención al habitante de calle? ¡pues cómo! ¿Adaptación al cambio climático? ¡ña! Pero esas decisiones políticas son apenas el síntoma de lo que viene pasando en Medellín. En los últimos 12 años, unas once personas han ocupado la Dirección de Planeación; el Isvimed se ha medido en subsidios entregados, mientras el déficit habitacional crece; la secretaría de Control Territorial vio cómo el jardín del morro de Moravia desapareció, cómo las casas y edificios —que no ranchos— se treparon en la montaña del cerro Manzanillo en Belén. Y así la ciudad va mutando mientras nos vamos entreteniendo con videos en Tik Tok de operativos contra jíbaros. Medellín presume un robusto aparato burocrático pero, ante los verdaderos retos urbanos, sus capacidades siguen estando atadas de manos: en la periferia son los combos criminales los que lotean y venden los servicios públicos; el control del ruido es una utopía y la renovación urbana se convirtió en un mito. Medellín hace unos años —discutiríamos si por convicción u por obligación— decidió transformarse en un Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación, pero aún hay que solicitar un certificado a una entidad por medio de un correo electrónico, mientras al otro lado un funcionario revisa en un sistema obsoleto, redacta el correo de vuelta y aprieta el botón enviar unas 36 horas más tarde, si le va bien. Hacer grandes transformaciones implica sacudir las raíces, por ejemplo, quitarle espacio al vehículo particular para dárselo al peatón cambia un paradigma que por mucho tiempo ha estado arraigado de tener el vehículo en el centro. Pero hacer cualquiera de esas transformaciones es costoso políticamente y hay líderes que prefieren no mirar para donde les resulta incómodo.

El machismo político antioqueño Por: @jfsuescun En Antioquia las mujeres dirigen empresas, gremios, universidades y municipios enteros. Lo que todavía no han conseguido es dirigir la Alcaldía de Medellín (@AlcaldiadeMed) o la Gobernación (@GobAntioquia). Parece que, para ciertos cargos, el liderazgo femenino sigue teniendo techo y el poder, testosterona. A un año de las elecciones locales y regionales de 2027, las primeras conversaciones sobre los relevos en Medellín y Antioquia invitan a preguntarse por qué ninguna mujer ha ganado por voto popular algunos de los dos principales cargos políticos de la región. No parece tratarse de ausencia de liderazgos femeninos. En 2023, Antioquia eligió 22 alcaldesas entre sus 125 municipios. Sin embargo, apenas 2 de las 26 curules de la Asamblea Departamental (@asambleadeant) quedaron ocupadas por mujeres. La paradoja es evidente: las mujeres participan, compiten y gobiernan, en escenarios menores, pero su presencia disminuye considerablemente en los principales espacios de poder. El problema tampoco es exclusivamente antioqueño. Según la Registraduría (@Registraduria), en las elecciones territoriales de 2023 solamente el 13,3% de las alcaldías y el 18,8% de las gobernaciones quedaron en manos de mujeres. Peor todavía: 469 municipios colombianos no tuvieron una sola candidata a la Alcaldía. Anne Phillips, en ‘The Politics of Presence’ (1995), cuestionó que la representación democrática pueda reducirse a las ideas, sin considerar quiénes ocupan efectivamente las instituciones. No significa que las mujeres gobiernen mejor por ser mujeres. Significa que una democracia debe interrogarse cuando el poder permanece históricamente concentrado en un mismo grupo: los hombres. Bogotá eligió a Claudia López (@ClaudiaLopez); el Valle del Cauca, a Dilian Francisca Toro (@DilianFrancisca) y Clara Luz Roldán (@DilianFrancisca); y Barranquilla y Atlántico, a Elsa Noguera (@elsanoguerabaq). Medellín y Antioquia siguen esperando su primera Alcaldesa y Gobernadora. Aquí cabe una pregunta incómoda para el establecimiento de Antioquia: ¿cuánto del tan celebrado ‘progreso antioqueño’ ha transformado realmente nuestra cultura política o, al menos, las estructuras políticas? Los partidos hablan del liderazgo femenino de puertas para afuera (no hacerlo sería un suicidio electoral), pero los avales, las alianzas, la financiación, las sucesiones, etc. siguen condicionados por estructuras históricamente masculinas. Ahora, las mujeres con trayectoria, reconocimiento y capital político que hoy ocupan cargos de poder dentro de sus partidos, tampoco pueden evadir su responsabilidad sobre quiénes disputarán las Alcaldías capitales o las principales Gobernaciones en 2027 y bajo qué condiciones. El machismo político no necesita prohibir candidaturas femeninas, porque de hecho las necesita para cumplir la cuota de género. Basta con normalizar que los hombres encabecen las apuestas políticas (las cabezas de listas y las candidaturas a los principales cargos uninominales) y que las mujeres con posibilidades reales de llegar al poder, deban justificar sus aspiraciones. Todavía falta un año. El panorama electoral puede cambiar. Porque si algo necesitan Medellín y Antioquia, ahora, es una competencia de nuevos liderazgos políticos, ojalá femeninos, que representen proyectos con ideas que cuestionen las viejas y obsoletas certezas sobre las que fue construido el masculino ethos antioqueño. Sería lamentable que una ciudad y una región tan orgullosa de su modernidad terminase la tercera década del siglo XXI, ofreciendo toda una exhibición de testosterona como la que ofrecen los precandidatos actuales y ni una sóla alcaldesa o gobernadora electa popularmente en toda su historia.

Que me empiece a resbalar Por: @danysernam El miércoles cumplí 33 años. Este año me empezaron a salir canas. Tengo manchas en la cara y mi piel ya no se ve como en las fotos de hace unos años. Confieso que me las arranco. Que cuando voy al baño, a veces hundo la barriga. Que en las fotos trato de posar derecha. Que hago zoom en el diente que no está del todo alineado. Hay días en los que me miro al espejo y encuentro cosas que quisiera cambiar, incluso cuando sé que no deberían importarme tanto. También me cuestiono las vidas perfectas que veo en redes. Me pregunto cuánto hay de verdad en todo eso. Pero, aun así, a veces me comparo. Y ahí estoy, cuestionando una cosa y cayendo en ella al mismo tiempo. Me conflictúa buena parte del contenido que encuentro por y para mujeres. No quiero hacer hipopresivos. Me resbala el restaurante de moda. No quiero pensar media hora qué ponerme. No quiero ver más videos de mujeres maquillándose frente a una cámara mientras hablan de su día, de la pestañina que usan o de cómo comer sin calorías y con más proteína. Me choca esa forma de hablar lenta, pausada y dócil que tantas veces parece venderse como el ideal femenino. Quisiera que todas esas cosas ocuparan menos espacio en mi cabeza. Poder ver una foto sin compararme, encontrarme una cana sin arrancármela y salir de mi casa sin pensar demasiado en cómo me veo. Quiero que me importe un pepino. Pero todavía me importa. Y me pasa algo parecido con el resto de mi vida. Me cuesta disfrutar lo que tengo sin pensar en lo que me falta. Estoy agradecida por lo que he construido, pero al mismo tiempo siento que debería haber hecho más, aprendido más, viajado más, leído más. Estudiado más, aprovechado mejor el tiempo. A veces me pregunto en qué momento empecé a vivir con la sensación de que siempre voy tarde, de que debería estar haciendo algo más, aunque no siempre tenga claro qué. Quisiera que, en lugar de pasar horas viendo el desfile de Victoria’s Secret, comparándonos con los cuerpos que durante años nos vendieron como el ideal de belleza, habláramos más de las mujeres que admiramos por sus ideas, sus decisiones y lo que han construido. De las veces que se han equivocado y han tenido que empezar de nuevo. Que nos inspirara parecernos a alguien por su criterio, su valentía, su curiosidad o su manera de tratar a los demás. Me gustaría que dejáramos de medir el valor de una mujer por su cuerpo, su edad o su capacidad de parecer siempre joven. Que una cana fuera una cana y no una derrota. Que pudiéramos envejecer sin sentir que estamos perdiendo una carrera en la que nunca decidimos participar. Tal vez cumplir 33 me está haciendo pensar en el tiempo de otra manera. No sé si es que ahora pasa más rápido o si soy más consciente de que no alcanza para todo. No puedo leer todos los libros, conocer todos los lugares, construir todas las cosas ni convertirme en todas las versiones de mí que imagino. Y quizás tampoco tengo que hacerlo. No sé muy bien cómo se consigue eso. Mañana probablemente vuelva a arrancarme una cana o a hundir la barriga cuando pase frente al espejo. Pero quisiera empezar a darme cuenta de por qué lo hago y recordar que hay muchas otras cosas en las que quiero gastar mi tiempo. Cumplí 33 años. Me están saliendo canas y siento que el tiempo no me alcanza. Quiero que me importe más la vida que estoy viviendo que la imagen que intento dar de ella.

¿Y Pablo Escobar qué, Abelardo? Por: @juancarbolivar En una rueda de prensa convocada para justificar su orden de retirar del Museo Nacional las fotografías de Carlos Pizarro, @abdelaespriella sentenció: “No acepto la apología al terrorismo”. Perfecto, Colombia debería tomarse muy en serio esa discusión. Pero, si de verdad queremos darla con coherencia, convendría empezar por la glorificación del peor terrorista que ha tenido el país: Pablo Escobar. De la Espriella reaccionó con vehemencia ante la presencia de fotografías de Carlos Pizarro en el Museo Nacional. Su indignación plantea una pregunta: ¿muestra la misma contundencia frente a la glorificación cotidiana de Escobar? En Medellín, Cali, Cartagena y más ciudades del país se venden camisetas, llaveros y toda clase de recuerdos con el rostro de Escobar. También se ofrecen recorridos turísticos por los lugares asociados con su vida. Su imagen se ha convertido en mercancía, disfraz y atractivo para visitantes. El jefe del Cartel de Medellín aparece reducido a personaje pintoresco, como si hubiera sido un bandido extravagante y no el responsable de una campaña terrorista contra el Estado y la sociedad colombiana. Estamos hablando del hombre que ordenó asesinatos de jueces, periodistas, policías y dirigentes políticos; del narcotraficante que hizo estallar un avión comercial y convirtió las bombas en un instrumento de presión pública. Sin embargo, ante ese negocio de la nostalgia mafiosa, el discurso contra la apología al terrorismo suele sonar bastante más tímido y nunca “firme”. La diferencia importa porque un museo y una tienda de recuerdos no cumplen la misma función. Los museos existen para conservar, contextualizar, explicar y confrontar la historia, incluso sus episodios más dolorosos y sus protagonistas más controvertidos. Exhibir una fotografía no equivale automáticamente a rendir homenaje. De ser así, ningún museo podría mostrar a un dictador, un criminal de guerra o un jefe guerrillero sin convertirse en su apologista. Carlos Pizarro fue comandante del M-19, una organización armada responsable de acciones criminales como la toma del Palacio de Justicia. Esos hechos deben examinarse sin idealizaciones ni complacencias. Resulta legítimo y necesario condenar sus acciones, cuestionar su trayectoria y discutir críticamente su legado. Recordarlo, sin embargo, no significa absolverlo. Pero la historia de Pizarro tampoco termina en la guerrilla. El M-19 firmó la paz, entregó las armas y participó en la vida política legal. Pizarro fue asesinado en 1990, cuando era candidato presidencial, durante la misma época de violencia política en la que fueron asesinados varios candidatos y se produjo el exterminio de la Unión Patriótica. Todo eso forma parte de la historia nacional. Una institución como el Museo Nacional no solo puede contarlo: tiene la obligación de hacerlo. La alternativa sería construir una memoria mutilada, organizada según las simpatías políticas del gobernante o del candidato de turno. Además, la indignación selectiva convierte “la lucha contra la apología del terrorismo” en una herramienta partidista. Si una fotografía histórica de Pizarro resulta intolerable, ¿qué deberíamos decir de la comercialización sonriente de Escobar? ¿Qué es más cercano a la apología terrorista: una exposición que permite discutir el conflicto armado o una camiseta que transforma a un asesino en ícono de la cultura popular? La comparación internacional nos da luces del argumento: en Alemania, la exhibición pública de símbolos de organizaciones nazis está severamente restringida, aunque existen excepciones para fines educativos, históricos y científicos. La distinción es clara: una cosa es estudiar el horror y otra convertirlo en propaganda o mercancía. En Colombia parecemos haber invertido esa lógica. Ahora les escandaliza que un museo muestre a un protagonista de la historia política, pero aceptan la imagen de Pablo Escobar como recuerdo turístico. La memoria crítica provoca polémica mientras la banalización del narcoterrorismo produce ganancias. Por eso, si Abelardo de la Espriella quiere encabezar una cruzada coherente contra la apología al terrorismo, tiene un buen lugar por donde comenzar. No borrando fotografías ni decidiendo qué personajes pueden aparecer en un museo, sino enfrentando la industria que convirtió al mayor narcoterrorista de nuestra historia en una celebridad. La historia de nuestro país ha sido cruda y dolorosa, pero esconderla debajo del tapete solo demuestra la pequeñez del gobernante de turno.

Dejavú: ¿De regreso al siglo XX? Por: @GouffrayMaria El presidente @abdelaespriella anunció su campaña contra el “wokismo” y, en su primera cruzada se fue, lanza en ristre, contra la sala del Museo Nacional “Hacer Sociedad” que contenía archivos históricos de diversos movimientos sociales y de los actores que participaron en procesos de paz en el pasado. El argumento del Presidente y la Ministra de Cultura es que las piezas (ojo: era material histórico, fuentes primarias, inalteradas, tal y como existieron en su época) servían para “adoctrinar”. ¿De verdad? Presentar piezas de archivo que nos ayudan a comprender las motivaciones, causas y la Historia misma de diferentes movimientos de la sociedad civil, o que nos permiten comprender cómo se gestaron los tantísimos procesos de paz que hemos vivido… ¿es adoctrinar? ¿Acaso la exposición hacía propaganda de estos movimientos con frases como: ¡Adopta el feminismo! o ¡Tú puedes! ¡Vuélvete gay!? ¿Quizás era una alegoría de alguna de las guerrillas que en décadas pasadas firmaron acuerdos de paz? ¿Promovía la adhesión a algún grupo armado? Me temo que no. ¿Qué es más doctrinario entonces? ¿Eliminar la evidencia histórica y construir narrativas de la Historia parciales y amañadas, convenientes para el gobierno de turno? La guerra cultural de Abelardo, por todo lo demás, no debe sorprendernos. Estamos atravesando una época muy similar a la que vivieron nuestros antepasados hace un siglo. En aquel entonces, la inestabilidad económica, la anarquía del sistema internacional y los cambios culturales derivados del lento proceso de democratización de Europa (entre otros factores) sirvieron como caldo de cultivo para el surgimiento de grupos políticos radicales que iniciaron guerras sangrientas contra amplios sectores de la sociedad en sus propios países o contra países vecinos. Hoy, la pandemia, las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos, el giro al proteccionismo económico iniciado por Trump, la crisis inflacionaria y la creciente incertidumbre producto del avance de la IA, nos han puesto en una situación muy similar. Los movimientos políticos radicales, que tan bien se nutren de las crisis sociales, pues crean la falsa ilusión de que pueden solucionar problemas complejos con recetas simples, crecen y crecen, nutriéndose de los miedos y la incertidumbre global. Recordemos además que, por lo general, estas “soluciones” implican atacar a poblaciones y grupos sociales específicos: los ricos, la izquierda, los gays, etc. Entre 1915 y 1947 muchos de los partidos y movimientos radicales, liderados por figuras “antiestablishment”, que durante las primeras décadas del siglo habían sido aplacados por el liberalismo, cogieron fuerza, tanto en América Latina como en Europa. El comunismo en Rusia, el fascismo en Italia, el gaitanismo en Colombia, el franquismo en España, el peronismo en Argentina, el nacionalsocialismo en Alemania… Todos tenían en común su naturaleza colectivista y su rechazo a los principios de la democracia liberal. Hoy, cuando democracias fundamentales como Turquía e India atraviesan profundos procesos de erosión institucional, los populismos de izquierda y derecha amenazan con acabar las pocas democracias que aún permanecen en pie. Sus ataques a las instituciones, los derechos humanos y los mecanismos de cooperación internacional han puesto a tambalear el orden político que intentamos construir tras la segunda guerra mundial, para impedir que se repitieran las guerras y las atrocidades cometidas contra la población civil por los regímenes autoritarios. Hoy, con la guerra cultural de Abelardo de la Espriella, que se ha traducido en la suspensión de la participación de Colombia en la Coalición por la Igualdad de Derechos (ERC), en el Grupo de La Haya, la ya mencionada intervención del gobierno en el Museo Nacional, su crítica al concepto jurídico del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre «salud y derechos sexuales y reproductivos» y su solicitud de derogar la política nacional de educación sexual y reproductiva, el gobierno entra a formar parte del selecto grupo de la derecha populista, radical y conservadora de nuestra era, encabezada por Trump, Bukele, Milei y otros tantos que buscan imponer su ideología, castigar y reprimir… Tal y como en el siglo XX, llegan al poder disfrazados de demócratas, o más bien, usan el juego democrático para llegar al poder. Desde allí, tal y como lo hicieron sus antecesores, arremeten contra todas las libertades individuales, y no descansan hasta conseguir limitarlas o eliminarlas, tal y como lo hizo Trump con el derecho fundamental al aborto en Estados Unidos.

De fanfarrón a censor Por: @MachadoRold Las primeras imágenes que guardo de Abelardo de la Espriella (@ABDELAESPRIELLA) son de 2018. El algoritmo, que tiene sus caprichos, me lo puso en la pantalla vendiendo ropa y sombreros. Recuerdo las pintas excéntricas, la vida de sibarita entre Miami y alguna campiña italiana, los viajes y los cuadros de fondo, siempre los cuadros. Opinaba con estridencia sobre asuntos que entonces sonaban a exageración y que hoy son programa de gobierno. Era una exhibición pretenciosa, a ratos grotesca, pero inofensiva. Uno pasaba el dedo y seguía. El mundo se descuadernó. Aquel abogado estrambótico que posaba de antipolítico es hoy presidente. Y el jueves pasado, el mismo día en que anunció desde el Ministerio de Cultura (@mincultura) una “contrarrevolución cultural”, su gobierno descolgó una treintena de piezas del Museo Nacional (@museonacionalco). Se fueron la pluma hecha con una bala con la que se firmó el Acuerdo de Paz, el tarjetón de la Séptima Papeleta, los afiches de Pizarro y de Jaramillo, Minería de Antonio Caro y buena parte del muro de la diversidad. Quedaron rectángulos pálidos en las paredes. Y una prohibición de tomar fotos, para que nadie documente el vacío. El esteta resultó curador. El curador resultó censor. La ministra Paola Holguín (@PaolaHolguin) explicó que el museo no debe servir como “instrumento de adoctrinamiento político”. Tiene toda la razón. Por eso sorprende que la primera decisión curatorial del gobierno se haya dictado desde un atril presidencial, entre diatribas contra el wokismo y el socialcomunismo ateo. Adoctrinar, parece, es lo que hacen los otros. La historia ofrece precedentes, todos incómodos. En 1937 los nazis montaron en Múnich la exposición de “arte degenerado”: Kirchner, Klee, Chagall y hasta Emil Nolde, que era militante del partido, colgados de mala manera y con letreros burlones para que el pueblo aprendiera a despreciarlos. Fue un éxito de taquilla. Más de dos millones de visitantes, muchos más que la muestra oficial de arte ario inaugurada a pocas cuadras. Goebbels quiso humillar a esos pintores y terminó haciéndoles la mejor publicidad de su vida. La censura tiene esa ironía cruel: amplifica lo que pretende callar. Media Colombia que no sabía quién era Antonio Caro está hoy buscando su obra en internet. Mussolini creó un ministerio de cultura popular para decidir qué podían leer y oír los italianos. Stalin borraba de las fotografías a los camaradas caídos en desgracia; Yezhov desapareció de una imagen junto a un canal como si nunca hubiera existido. La junta argentina quemó en 1980 un millón y medio de libros del Centro Editor de América Latina en un baldío de Sarandí. Los talibanes dinamitaron los Budas de Bamiyán. Todos invocaban los valores y el alma de la nación. Ninguno se creía bárbaro. Heine lo advirtió en 1821: donde se queman libros se termina quemando gente. En Bogotá nadie está quemando nada. Pero el gesto es el mismo, y los gestos enseñan. De la Espriella ha hecho cosas iguales o peores. Ha metido la mano en gremios y medios, y el país, con su célebre talento para acostumbrarse a todo, apenas parpadeó. Lo del museo fue distinto por pura torpeza. Tocó algo que muchos consideran sagrado sin importar el espectro. La Séptima Papeleta la empujaron estudiantes de todas las tendencias, y de ella salió la Constitución que hoy le permite gobernar. Hay liberales indignados y uribistas incómodos, centristas que firmaban comunicados tibios y ahora firman los duros, conservadores que se acordaron de Burke y de que conservar significa, precisamente, no destruir. Un hombre que se presentaba como coleccionista y mecenas decidió que la memoria nacional necesitaba curaduría presidencial. Eso tiene un nombre viejo y feo. Que el Estado decida qué puede recordar una sociedad, y en nombre de la patria descuelgue lo que estorba, es la gramática del fascismo. Con sombrero italiano, eso sí.

Invisibilizar, ocultar, tapar, negar, desaparecer Por: @mariod2118 He estado pensando en cuál es el mejor verbo para definir lo que está ocurriendo en este gobierno con eso que denominamos cultura (museos, bibliotecas, centros de pensamiento, academia). He probado con varios: invisibilizar, ocultar, tapar, negar… Luego, el propio presidente @AbdelaEspriella usó el verbo preciso: desaparecer. Lo hizo en el discurso de poco más de 10 minutos que ofreció desde el Claustro de Santa Clara, sede del Ministerio de Cultura, donde volvió a exhibir la actitud carcunda que ha marcado sus setenta y un dos en el poder. Lo dijo así: «Le he dado instrucciones a la señora ministra para que toda esa oda al terrorismo en la que aparece Pizarro y demás terroristas, sea desaparecido de los lugares públicos». Esa oda al terrorismo, dijo. Pizarro y demás terroristas, dijo. La señora ministra a la que se refiere es, cómo no, la funesta ministra de Cultura, Paola Holguín, a quien el presidente denomina como una generala. Ella, por supuesto, procedió «de conformidad, como corresponde» y desapareció más de 30 obras que estaban en tres diferentes salas del Museo Nacional. Cosas peligrosísimas que estaban poniendo en riesgo el «alma de la colombianidad». Bajaron de las paredes de la sala Hacer sociedad los afiches de las campañas presidenciales de Carlos Pizarro Leongómez, Bernardo Jaramillo Ossa y Luis Carlos Galán. Porque no puede ser que los colombianos recordemos que aquí se han silenciado voces desde siempre y que a dos de estos tres candidatos los mataron grupos paramilitares en alianza con sectores del Estado que vieron mal entonces —y parecen seguirlo viendo ahora— que existan otras formas de entender nuestros problemas y de buscar soluciones. Al tercero de ellos lo mataron los narcos con la permisividad del entonces director del DAS, Miguel Maza Márquez. También de esa sala desaparecieron peligrosísimos objetos como un brazalete de la Alianza Democrática M-19, un plegable sobre el también asesinado Jaime Pardo Leal y un cartel donde se podía leer «El genocidio contra la Unión Patriótica es un crimen de Estado». No vaya a ser que sea contagioso ese virus de la memoria histórica. Dios nos guarde, se habrán dicho los improvisados curadores museográficos que, a dedo, señalaron que había que retirar todo eso que estaba expuesto bajo el nombre Reivindicación de Nación – De la Constitución de 1991 al Proceso de Paz de 2016, que incluía un tarjetón de la llamada séptima papeleta, ese voto popular que permitió convocar a la Asamblea Constituyente de donde salió la Constitución de 1991, que tanto dijeron querer proteger durante la pasada campaña presidencial. Todo, por supuesto, cumpliendo la línea indicada por el presidente De la Espriella con su dedo índice derecho, que tanto le gusta utilizar: ofrecer, por ahora por medio de una pared gris repleta de las cicatrices que dejaron las obras desaparecidas, «una interpretación correcta de la historia, no una permeada por la ideología», porque esa censura y esa persecución contra lo distinto, creen los aplaudidores del gobernante, es una lectura vacía de sesgos, creencias o prejuicios. Clamó el presidente por una «lucha patriótica contra el wokismo», y los censores que fungieron como curadores desaparecieron más y más obras y objetos: el yembé de la Batucada Lésbica, no fuera a ser que al ritmo de los golpes sobre los cueros del instrumento sucumbieran las frágiles identidades de quienes les temen a los distintos y se desatara en ellos el rayo homosexualizador que los atormenta cuando duermen. Desaparecieron un afiche de un ciclo de cine rosa y uno que recordaba que existió una Jornada Internacional No a la Violencia contra la Mujer. Además, seguros de combatir lo que el presidente llamó relativismo moral y de señalar la existencia en las colecciones del Museo de una corriente liberticida (hace menos de un siglo, otra gente de infame recordación hablaba de arte degenerado), habrán metido quién sabe dónde para que nadie vuelva a verlas, las piezas que representan fenómenos sociales y políticos que sucedieron entre los años cincuenta y setenta en ese país de injusticias y reclamos. Cayeron en la purga, también, unos zapatos diseñados para mujer trans, porque en este gobierno de retardatarios no se les ocurre de ninguna manera la otredad, no son capaces de ponerse en la piel de otros que no sean ellos mismos con sus miedos incomprensibles y atávicos de lectores de un solo —y sagrado— libro. Y, vaya uno a saber por qué, también la camiseta que vistió Lucho Herrera cuando quedó campeón de la montaña en el Tour de Francia de 1985. Tal vez la devuelvan pronto a su sitio si alguien les recuerda que la vieja gloria del ciclismo anda enredada en líos con paramilitares. Así marcha la protección de la identidad cultural de la nación, atravesada por la misoginia, el racismo y la homofobia de quien termina siempre sus alegatos desplegando invocaciones divinas de un dios castigador al que desea imitar. Quisiera creer que esta contrarrevolución, como la llaman, la perderán ellos. Pero sé que de ese hoyo oscuro al que nos están llevando tardaremos en salir.

La siembra de Uribe y la cosecha de ADLE Por: @pablomunera Vivimos en un mundo demasiado acelerado, en el que el tiempo se siente cada vez más corto y fragmentado. Lo urgente se devora lo importante y quedan pocos momentos para la pausa: para revisar la historia y hacer balances, análisis y síntesis. En política no es la excepción. Por eso no entendemos que muchas de las medidas estructurales y de fondo de un gobierno se reflejan en los gobiernos posteriores. En medio de tantos análisis coyunturales –necesarios también y acertados muchos– del corto pero intenso y polémico gobierno de Abelardo de la Espriella (ADLE), me permito una pausa para conectar –y recordar– esta presidencia con los dos gobiernos de @AlvaroUribeVvel, sobre todo porque Abelardo cosecha y replica bastante de lo peor que, en términos democráticos, sembró y cultivó Uribe. Como dije anteriormente, no es solo el mandatario, ni siquiera los poderes públicos, sino casi todas las instituciones y la sociedad las que sembraron parte de lo que hoy cosechamos. No podemos olvidar que la unanimidad en torno a Uribe era tal, que se hizo famoso su “teflón”, en alusión a que no importaba si se equivocaba, porque el establecimiento y casi toda la sociedad lo aprobaba y hasta lo aplaudía. No obstante, sí hago énfasis en Uribe porque, sin duda, ha sido el presidente más popular que hemos tenido en los últimos 50 años –de los que tengo consciencia y conocimiento político–, porque concentró el poder en el Ejecutivo como ningún otro. Además, porque hoy el espejo retrovisor del gobierno de ADLE está focalizado y saturado de Petro –que por supuesto también tiene mucho que ver– y poco o nada se dice de la influencia de los gobiernos de Uribe sobre el actual y es mucho más de lo que parece. Reitero aquí que soy un antiuribista radical, pero no irracional ni visceral. Tampoco tengo aversión, a priori, por los uribistas, que son mayoría entre mis familiares y amigos. Pero en mi juicio político, como persona de centro que soy, considero racionalmente –más allá de si tengo o no la razón– que Uribe ha sido el presidente que más ha debilitado la democracia en el último medio siglo del país y que Colombia, con ADLE, está cosechando gran parte de esa siembra. Veamos. No puedo decir que Uribe lo hizo todo mal –nadie lo hace– pero aquí me centraré en tres de los tantos daños que le hizo a nuestra débil democracia y que veo que corren el riesgo de repetirse y agravarse. Entre otras razones, porque parte de la derecha abelardista –la más extrema– fue la que apoyó incondicionalmente el proyecto uribista y ahora lo hacen con ADLE, con la ilusión de que tenga una mano aún más dura y un corazón más pequeño. El principal fue permitirle a sus secuaces la compra de la aprobación de la reelección. De facto, ha sido la principal reforma constitucional que hemos tenido: no fue solo “el cambio de un articulito” como se vendió. Ahí se resquebrajó el equilibrio de poderes en el país y el balance institucional. A partir de entonces, los demás presidentes han tenido, con diferentes niveles de intensidad, esa misma tentación y han querido cambiar las reglas de juego constitucionales e institucionales para reelegirse. Hasta Duque dijo que si aún hubiera reelección, lo reelegirían. Esta actitud lleva implícito un mensaje mesiánico y caudillista: si no son ellos, los elegidos, no existe nadie más que pueda hacerlo bien. En eso se parecen mucho Uribe, Petro y ahora ADLE. He aquí el germen de los autoritarismos. Si alguna vez tuvimos exceso de presidente y tuvimos tintes de dictadura fue con Uribe. Menos mal la Corte Constitucional –que se equivocó aprobando la primera– negó la aprobación del referendo para la segunda reelección, que, según la tesis de José Obdulio Gaviria, ideólogo del Centro Democrático y principal promotor de la misma, debía aprobarse porque “el estado de opinión” debía primar sobre el Estado de derecho. ADLE, que se considera un ungido de la Providencia, no ha dicho que reelegirá, pero en apenas dos meses ha demostrado un talante personalista y autoritario similar o superior al de Uribe. La inquietud, más que de tiempo en el poder, es de talante. La segunda deriva autoritaria de Uribe es que, aun cuando tenía un alto índice de aprobación, popularidad y respaldo de prácticamente todo el establecimiento público y privado de Colombia, se dedicó a estigmatizar y criminalizar a la oposición, así esta no fuera genérica ni sistemática sino en temas puntuales como la aprobación de los TLC. Desde Belisario Betancur para acá –que es de donde tengo mediano uso de razón política– los ciudadanos de a pie podíamos discutir en público de lo público sin temer por la integridad personal, familiar o por la estabilidad laboral en el sector privado, como lo padecimos muchas personas que fuimos despedidas o perseguidas en nuestros trabajos por antiuribistas. Capítulo aparte merecen los genocidios militantes como los de la Unión Patriótica y los de los líderes sociales, ambos casos más visibles. Sobre dos acérrimos rivales, como Pastrana y Samper, uno podía discutir a pulmón abierto en cualquier plaza pública, sin temor a mayores represalias. Uribe, en cambio, perseguía cualquier atisbo de oposición y luego, para posar de demócrata, si el perfilado era un personaje famoso, le ponía un generoso esquema de seguridad. Con esa artimaña ha defendido las supuestas “garantías democráticas” que le dio a la mínima oposición que tuvo, especialmente en su primer gobierno. Ahora que De la Espriella es cuestionado por la censura a medios, periodistas y hasta gremios, vale la pena recordar que casi todos los principales medios de este país, empezando por El Tiempo y Semana, que eran los más prestigiosos, se fueron degradando sistemáticamente desde el gobierno de Uribe, que contó con un “unanimismo” sin precedentes en la historia del país: las voces disonantes eran pocas y mediáticamente irrelevantes. En tercer lugar, pocas cosas pueden menguar tanto la democracia, la institucionalidad y el Estado de derecho como la connivencia del Estado con grupos y prácticas al margen de la ley –casi todos, además narcos–. Aunque Uribe no está condenado por eso, muchos de sus subalternos y alfiles más cercanos sí terminaron condenados por paramilitarismo o parapolítica y resulta ingenua e inverosímil la versión de que todo fue a sus espaldas. Entre los hechos más conocidos está ese capítulo negro de nuestra historia conocido como “los falsos positivos”, en el cual perdieron la vida miles de jóvenes inocentes, a cuyos familiares Uribe respondió con la indolente e infame frase de que "no estarían recogiendo café”. También es tristemente célebre el momento del 28 de julio de 2004, cuando las excongresistas Rocío Arias y Eleonora Pineda, uribistas purasangre, facilitaron la entrada al Congreso de la República de los exjefes paramilitares Salvatore Mancuso, Ramón Isaza y alias Ernesto Báez (Iván Roberto Duque) para justificar durante 45 minutos el accionar de las AUC: un hecho que, de forma deplorable, fue ovacionado por casi todos los congresistas, y contó con la anuencia y justificación del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, bajo el argumento de ofrecerles "unas pruebitas de democracia" a esos angelitos. Una prueba más del cinismo de Uribe y su complacencia con el paramilitarismo ocurrió el 29 de noviembre de 2006 en el marco del Congreso Cafetero, cuando era de conocimiento público el tema de la parapolítica. Allí le pidió sin ningún recato a sus congresistas que “mientras no estén en la cárcel voten nuestros proyectos de ley”. De modo que si la complacencia de Uribe con el paramilitarismo –y todo lo que de allí se ha derivado– está en duda ante la ley, no lo está ante la historia y ante sus propias palabras, que lo autoinculpan. Un verdadero demócrata sabe y defiende el monopolio de las armas por parte del Estado y no hace pactos explícitos ni implícitos con fuerzas oscuras al margen de la ley. No se puede negar que Uribe menguó a las Farc, pero también que, directa o indirectamente, su gobierno terminó fortaleciendo otros grupos armados y delincuenciales que alimentan nuestra guerra intestina. La cercanía histórica de ADLE con grupos y personas al margen de la ley (Alex Saab, David Murcia Guzmán y varios paramilitares y narcotraficantes de peso, algunos “amigos personales”) está suficientemente documentada y publicada, y el argumento de que era propio de su rol de abogado no alcanza para justificarlo y menos para desestimarlo en quien ostenta la dignidad de presidente. Pero como no hay mal –ni teflón– que dure cien años ni sociedad que lo resista, Uribe terminó, por reacción a sus abusos, fortaleciendo a la izquierda política en Colombia, hasta facilitar su llegada, por primera vez en un siglo, a la presidencia. Casi nadie discute que, sin Uribe, la izquierda no hubiese puesto presidente. Infortunadamente para una democracia con verdaderos contrapesos, el decepcionante gobierno y el mal “liderazgo” de Petro la han debilitado de nuevo, pero el péndulo no volvió al uribismo, sino a Abelardo, catapultado, sobre todo, por los errores de estos dos anteriores. No se debe criticar a ADLE –y, sobre todo, a sus excesos– sin criticar a Uribe y a Petro que lo potenciaron. Como elegido que se cree, el expresidente no dejó florecer nuevos y fuertes liderazgos, porque siempre ha querido gobernar en cuerpo ajeno y para ello lo único que busca es docilidad y lealtad incondicional a él como mesías. El resultado: salvo con Duque y Andrés Julián Rendón en Antioquia, ha perdido todas las elecciones nacionales y regionales que ha promovido. Como dice el refrán, hay que conocer la historia para no repetirla y a Abelardo le convendría tomar nota de quien dice que fue su inspiración, el “maestro” Uribe. Las diferencias están en que ADLE no posa de demócrata y, aunque ahora cuenta con cierta unanimidad de todo el establecimiento, tiene a la ciudadanía más dividida y polarizada; más informada y, en algunos casos, hasta mejor informada. Porque si ADLE y sus adeptos, empezando por su asesor Carlos Suárez, siguen sembrando vientos, terminarán él y toda Colombia cosechando tempestades, como las que estamos pagando por sus antecesores, especialmente por Álvaro Uribe Vélez.