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Guadalupe Taddei anunció que hoy lunes renunciará a la presidencia del INE. La decisión ocurre en medio de investigaciones sobre contrataciones y posibles conflictos de interés. No existe todavía una determinación definitiva de responsabilidades. Pero la noticia obliga a mirar más allá de la salida de una funcionaria: está en juego la confianza en el árbitro de las elecciones. El comunicado oficial sostiene que la estabilidad y la independencia institucional deben prevalecer sobre cualquier interés personal. Es una afirmación pertinente. Sin embargo, la renuncia, por sí sola, no aclara las irregularidades denunciadas ni repara el daño que la controversia pueda haber causado a la credibilidad del organismo. La Auditoría Superior de la Federación informó que abrió una investigación de oficio. Corresponde establecer qué contratos se adjudicaron, bajo qué procedimientos, quiénes intervinieron y si existieron beneficios indebidos. Las sospechas no equivalen a pruebas; tampoco las explicaciones públicas sustituyen una investigación. El debido proceso protege a las personas y, al mismo tiempo, permite exigir cuentas. El desafío inmediato es la sucesión. El proceso electoral federal comenzó en septiembre y la legislación prevé que, ante una ausencia definitiva, los consejeros designen una presidencia provisional mientras la Cámara de Diputados elige a quien ocupe la vacante. El procedimiento importa tanto como el resultado. Sustituir a una persona sin revisar las facultades y prácticas que concentraron decisiones administrativas sería cambiar el rostro del problema, no resolverlo. Hay una salida institucional. Primero, publicar de manera accesible los contratos, expedientes de licitación y observaciones de auditoría, respetando las reservas legales. Segundo, garantizar que la investigación avance con independencia, plazos públicos y resoluciones fundadas. Tercero, que la Cámara organice una selección abierta, con entrevistas verificables, evaluación profesional y deliberación transparente. Finalmente, el Consejo General debe revisar los mecanismos internos de nombramiento y contratación para fortalecer la colegialidad y los controles. La autoridad electoral no puede pedir confianza como un acto de fe. Debe merecerla mediante reglas, resultados y vigilancia efectiva. La próxima elección exige un instituto capaz de arbitrar sin sospechas razonables de favoritismo. La salida de una presidencia puede cerrar una etapa. La rendición de cuentas debe abrir la siguiente.