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¡Rechazo absoluto al aberrante y jurídicamente insostenible protocolo del Ministerio de Educación que pretende implementar la ideología de género y la “niñez trans” en las escuelas ecuatorianas, incluso desde los 5 años! Como abogado y académico en Derecho Internacional, político ecuatoriano y padre, expreso mi apoyo a la carta del Movimiento FIRMES dirigida al Presidente @DanielNoboaOk y mi absoluto rechazo al protocolo firmado por @AlegriaCrespo. Sí, existe el fallo de la Corte Constitucional en el caso Salinas (95-18-EP), que abrió la puerta a interpretaciones ideológicas expansivas. Pero ni ese precedente, ni sentencias controvertidas de la CIDH, ni presiones de la ONU o la OEA obligan al Ecuador a aplicar lineamientos que violan derechos superiores y el orden constitucional. El Gobierno del Ecuador y los ciudadanos tenemos el deber de resistir mediante todos los instrumentos legales y de hecho pacíficos previstos en la Constitución. El derecho a la resistencia (art. 98 CRE) fue concebido precisamente para frenar abusos del poder público cuando vulneran derechos fundamentales, como ocurre en este caso, y incluye la desobediencia civil pacífica frente a disposiciones que contravienen el orden constitucional y los derechos humanos. Este protocolo pisotea derechos parentales, desconoce el rol primario de la familia, agrede los valores, cultura y convicciones compartidas por la inmensa mayoría de ecuatorianos y pretende convertir a nuestros hijos en objetos de ingeniería social experimental. Nada más alejado del interés superior del niño. No podemos ceder ante la imposición de agendas ideológicas promovidas por un reducido grupo de jueces y burócratas internacionales que, amparados en márgenes subjetivos y desbordados, buscan forzar ideas ajenas a nuestra realidad cultural, jurídica y moral. Los hijos no son laboratorios ideológicos del Estado, ni de cortes, ni de organismos internacionales. Es importante entender que este protocolo no es un mero “acompañamiento” o ejercicio de “no discriminación”; representa una violación sistemática de derechos fundamentales al: – Promover cambios de nombre social en el ámbito escolar; – Imponer baños y uniformes según “autopercepción”; – Obligar capacitaciones en “diversidad sexual” y “enfoque de género” para estudiantes, docentes y familias; – Limitar la oposición parental bajo el pretexto de “autonomía progresiva” del niño. Todo esto sin consentimiento informado de los padres ni evaluación médica obligatoria. Estas disposiciones desplazan el rol esencial de la familia e imponen una agenda ideológica que ha generado graves daños en otros países, con miles de jóvenes arrepentidos de transiciones apresuradas, como lo documentan estudios internacionales y reportes de centros de salud que han revertido esas políticas (Reino Unido, Suecia, Finlandia, entre otros) como el Informe Cass (2024) en Reino Unido, que llevó al cierre de la clínica Tavistock. Aquí comparto los elementos jurídicos nacionales e internacionales que sustentan mi rechazo para que nadie los sorprenda con slogans y narrativas disfrazados de “derechos”: Nacionales: 1) Derechos de los padres a dirigir la educación moral y religiosa de sus hijos (Art. 29 CRE), que no pueden ser suplantados por protocolos sin reserva de ley. 2)Interés superior del niño (Art. 44), que implica protección integral de su desarrollo, no experimentación ideológica. 3) Rol primario de la familia frente a un Estado subsidiario (Arts. 67 y 69): el Estado acompaña, no sustituye la crianza ni formación moral. 4) Reserva de ley en materia de derechos humanos (Art. 84): derechos no pueden modificarse vía protocolos administrativos. Internacionales: 1) Declaración Universal de Derechos Humanos (Art. 16.3): “La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado”. 2) Convención Americana sobre Derechos Humanos (Art. 17): obliga a proteger a la familia como unidad básica. 3) Convención sobre los Derechos del Niño (Arts. 5, 14 y 18): los padres tienen responsabilidad primordial en la crianza y orientación moral; el Estado interviene solo en casos de vulneración, no para imponer ideologías. 4) PIDCP (Art. 23.1): reconoce a la familia como “elemento natural y fundamental”; Art. 18 protege libertad de conciencia y religión, incluyendo objeción a imposiciones contrarias a convicciones legítimas, como las cristianas que compartimos la mayoría de ecuatorianos. Este protocolo no solo viola este marco jurídico, sino que ignora evidencia científica y sanitaria sobre los riesgos de la llamada “afirmación de género” en menores, tal como incluso reconocieron votos disidentes de jueces en el propio fallo de la Corte Constitucional. Defender a los niños, a la familia y los derechos parentales no es discurso de odio ni ataque a minorías. Es un deber moral y jurídico de protección frente a políticas que ponen en riesgo el bienestar físico, psicológico y emocional de los menores. Rechazar la imposición de ideologías en niños no implica negar la dignidad de ninguna persona; implica exigir que el Estado respete la ciencia, la Constitución, los derechos humanos y el rol insustituible de la familia. El verdadero odio sería guardar silencio ante políticas que dañan a los niños. Presidente @DanielNoboaOk, honre su compromiso del 9 de marzo de 2025 en defensa de la familia, la vida y los valores ecuatorianos. Exijo como ecuatoriano la derogatoria inmediata de este acuerdo y el ejercicio legítimo del derecho constitucional a la resistencia frente a mandatos que atentan contra el bien común y los derechos de mis hijos, e invito a quienes estén de acuerdo con esta exigencia a que comenten y difundan este mensaje en esta y otras redes. Los ecuatorianos, y sobre todo los padres, no permitiremos que ideologías destructivas arruinen la inocencia de nuestros hijos. #RevocaElProtocolo #DefiendeLaFamilia #NoALaIdeologiaDeGenero #FirmesPorEcuador #DerechosParentales