Vera Ikonos

Voy a intentar explicar por última vez lo de la hucha de las pensiones, porque empieza a resultar agotador que se utilice como prueba de la buena salud de un sistema que acumula desequilibrios cada vez mayores. Vamos con los números. En 2018, la hucha tenía 5.305 millones de euros. Al cierre de 2025, había aumentado hasta los 12.178 millones. Es decir, 6.873 millones más. Estupendo. Ahora veamos lo que algunos prefieren no contar. Durante ese mismo periodo, la deuda de la Seguridad Social con el Estado ha aumentado en 72.634 millones y las transferencias estatales al sistema han sumado unos 304.000 millones. Dicho de otra manera: por cada euro adicional en la hucha, la Seguridad Social ha acumulado 10,6 euros más de deuda con el Estado y ha recibido 44,2 euros en transferencias públicas. Y mientras tanto, el sistema contributivo sigue registrando un déficit estructural creciente. Que aumente el saldo de la hucha puede ser positivo. Que se utilice para ocultar el estado de las cuentas es bastante menos defendible. El problema es que aumenta a base de deuda. Imagina que ganas 20.000 euros al año y gastas 25.000. Tienes un déficit de 5.000 euros. Un día consigues un trabajo extra que te proporciona otros 1.000 euros. Puedes utilizarlos para reducir tus necesidades de financiación o guardarlos en una hucha. Si haces lo segundo, tendrás 1.000 euros ahorrados, pero seguirás gastando 4.000 euros más de lo que ingresas y necesitarás endeudarte para pagar las facturas. Tu hucha habrá crecido, pero eso no significa que tus finanzas estén saneadas. Pues bien, esa es precisamente la trampa de celebrar el crecimiento del Fondo de Reserva sin mirar las cuentas del conjunto de la Seguridad Social. Y aquí viene la segunda parte de esta discusión. Cada vez que alguien propone reformar las pensiones, aparecen los de siempre asegurando que se pretende privatizarlas, entregarlas a los fondos de inversión o condenar a nuestros mayores a la pobreza. Es una falsedad. Nadie tiene que elegir entre un sistema público de reparto y otro de capitalización. Suecia, por ejemplo, combina ambos, incorpora cuentas nocionales y dispone de mecanismos automáticos de ajuste que permiten adaptar las prestaciones a la evolución del sistema. Porque, por mucho que algunos se empeñen en ignorarlo, el reparto también tiene riesgos. Se llaman demografía, empleo, salarios y productividad. Que esos riesgos no coticen en Bolsa no significa que desaparezcan. Precisamente por eso tiene sentido diversificar las fuentes de renta durante la jubilación y diseñar un primer pilar público financieramente sostenible. Y no, reformar las pensiones no significa dejar de pagar las actuales. Significa establecer las condiciones para que las futuras también puedan pagarse sin exigir sacrificios crecientes a las siguientes generaciones. Podemos discutir sobre cuentas nocionales, edad de jubilación, mecanismos de ajuste, capitalización o incentivos al ahorro. Hay distintas alternativas y todas tienen ventajas y costes. Lo que no podemos es seguir fingiendo que cualquier reforma es un ataque a los pensionistas mientras celebramos que la hucha crece y miramos hacia otro lado cuando aparecen las facturas. Porque las pensiones futuras no están en peligro por hablar de reformas. Están en peligro si nos negamos a afrontar los desequilibrios que hacen necesarias esas reformas. Y eso debería preocuparnos bastante más que los espantajos sobre una privatización imaginaria.