Li Chol Wan (#NoConMiVoto)

La improvisación del Gobierno con la reforma de pensiones es inaceptable. Sabían que debían financiar el aporte estatal al Seguro Social, pero no incorporaron esos recursos en el proyecto de Presupuesto 2027. Y no estamos hablando de cualquier compromiso. El Seguro Social es uno de los principales avances de la reforma de pensiones, que permitió aumentar las jubilaciones de las personas mayores desde enero de 2026, a través de la compensación por diferencias de expectativa de vida para las mujeres y el beneficio por años cotizados. Son mejoras concretas para quienes trabajaron toda su vida y reciben pensiones insuficientes. La obligación de financiarlo no era nueva ni desconocida. Estaba establecida por ley y cuantificada en el propio informe financiero de Hacienda. Sin embargo, tuvo que intervenir Contraloría para confirmar que el aporte debe comenzar en 2027 y no en 2028, como sostenía el Ejecutivo. Ahora el ministro Quiroz tiene varias preguntas que responder. ¿De dónde sacarán los más de $132 mil millones que no presupuestaron? ¿Qué asignación del Tesoro Público utilizarán para financiarlos? Y una pregunta todavía más importante es ¿por qué dejaron fuera del presupuesto un compromiso que conocían desde la aprobación de la reforma? ¿Fue un error de planificación o una decisión que permitió presentar un menor gasto proyectado? El Gobierno debe transparentar cómo financiará esta obligación. La responsabilidad fiscal no consiste en omitir compromisos legales del presupuesto, sino en reconocerlos, financiarlos y garantizar su cumplimiento.