Alejandra Bustos

El Juez de Distrito Hugo Roberto Pérez Lugo, emitió una circular interna dirigida a su equipo para regular algo que ya está ocurriendo en muchos tribunales: el uso de inteligencia artificial en el trabajo cotidiano del juzgado. No es un documento largo ni grandilocuente, pero tiene algo que hoy escasea en esta conversación: sentido jurídico. Parte de una idea muy simple: la tecnología puede ayudar, pero en la justicia no puede entrar sin reglas. La circular pone límites claros. La IA no puede sustituir la decisión del juez. No puede redactar íntegramente proyectos de sentencia. Y, sobre todo, no se pueden subir expedientes, datos personales o información sensible a plataformas externas. Parece obvio, pero no lo es. En un tribunal federal se manejan historias de vida completas: conflictos familiares, acusaciones penales, datos de salud, domicilios, patrimonio. Ese material no puede convertirse en insumo para algoritmos fuera del control institucional. Aquí está la lección de fondo: el problema no es la inteligencia artificial. El problema es su uso improvisado, sin licencias, sin supervisión y sin trazabilidad dentro de los órganos jurisdiccionales. La IA puede ayudar a ordenar información o a revisar textos. Pero juzgar sigue siendo un acto humano, responsable e indelegable.