Las últimas represiones del gobierno tienen características similares: -no hay claridad sobre las detenciones. El Ministerio de Seguridad informa oficialmente un número que no tiene relación con los datos de las defensorías y fiscalías. -el operativo fue violento y desproporcionado. Al punto que impidió terminar el acto de las universidades. -el ataque represivo tuvo nuevamente como foco a periodistas y su rol informativo. A esto se suma que se produjeron detenciones a menores de edad y se aplicó el Régimen Penal Juvenil en la Ciudad. Un adolescente de 17 años tiene una causa abierta por defender sus posibilidades de estudio. El gobierno sigue sin cumplir con la ley de financiamiento universitario.

La Corte Suprema decidió, una vez más, no tratar la inconstitucionalidad del DNU 70/23. Es grave: en la medida en que no se habilita la protección judicial para rechazar este decreto, se consolidan violaciones a los derechos humanos que afectan entre otros a personas enfermas, trabajadoras o inquilinas. Esta decisión implica en los hechos la derogación por decreto de la Ley de Tierras y define que la soberanía no es un bien colectivo a proteger con una acción judicial. Que la Corte no trate el DNU habilita a que otros tribunales rechacen los casos y tampoco cumplan su rol de protección. Por ejemplo: -La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil rechazó el reclamo de Inquilinos Agrupados contra el DNU 70/23 que derogó la Ley de Alquileres. -El Juzgado Civil y Comercial Federal N° 4, primero, y la Corte Suprema, después, le negaron a los gremios aeronáuticos el derecho a reclamar por la reforma del Código Aeronáutico. -La Cámara Federal de San Martín también declaró inadmisible la causa que nucleaba a usuarios de la prepaga Hospital Italiano que reclamaban por los aumentos de la cuota derivados del DNU 70/23. Mientras, la Corte no decidió todavía sobre una presentación realizada por la CGT y otra por el CELS donde también cuestionamos la inconstitucionalidad del DNU 70/23. Esta interpretación judicial tan restrictiva para abrir casos implica que sigue vigente ese decreto en el que el Poder Ejecutivo se arroga facultades legislativas, que derivan en recortes de derechos para la mayoría de la población.