Fhernando

Un adolescente de 16 años deja la preparatoria para trabajar en una obra. Nadie le prohibió estudiar: su familia necesita el dinero. Eso ayuda a entender un hallazgo inquietante. Cuando desapareció @Prospera_MX en 2019, una investigación encontró que, en las localidades más dependientes del programa, la matrícula de varones de 15 a 17 años cayó alrededor de 12 puntos porcentuales y aumentó su incorporación al trabajo. La sustitución de los apoyos tuvo consecuencias que van mucho más allá de repartir becas. Hay un precedente jurídico extraordinario. La @SCJN invalidó una disposición de la Ley de Educación de Michoacán que impedía dar recursos diferentes a escuelas con necesidades distintas. ¿La razón? Tratar igual a quienes enfrentan desigualdades puede violar la Constitución. Además, el artículo 4º ordena expresamente dar prioridad en las becas a estudiantes de familias pobres. La sentencia no resolvió el caso de las becas Benito Juárez, pero ofrece un criterio fundamental para examinar si el nuevo sistema está protegiendo suficientemente a quienes más lo necesitan. El gobierno puede presumir millones de becas entregadas, pero existe una obligación jurídica mucho más exigente: garantizar que la pobreza no impida ejercer el derecho a la educación. Una beca no cumple necesariamente su propósito porque el dinero haya llegado a una cuenta bancaria. Debe ayudar a que el estudiante permanezca en la escuela. Podemos tener un programa exitoso en número de depósitos y, al mismo tiempo, adolescentes que abandonan las aulas porque necesitan trabajar. Esa contradicción merece una explicación del Estado.