No hay nada reprochable en que un gobierno contrate espacios publicitarios en medios con audiencia, credibilidad y años de trayectoria. La comunicación institucional es legítima cuando se sustenta en resultados y llega a la ciudadanía. Lo verdaderamente inaceptable es el uso del dinero público para financiar supuestos medios de comunicación que nadie consume, creados únicamente para servir al poder, atacar a los críticos, difamar a los opositores y fabricar una realidad conveniente para el gobierno en turno. Son plataformas que nacen con una administración y desaparecen cuando ésta termina, porque nunca fueron medios de comunicación: fueron instrumentos de propaganda. El problema no es la publicidad oficial; el problema es convertir los recursos de los ciudadanos en el financiamiento de la obediencia política disfrazada de periodismo. No confundamos, no todos los medios de comunicación son iguales. No podemos poner a todos en la misma canasta, no sería justo.