Movimiento de Madres Defensoras de DDHH

Matilda Burgos contó que unos soldados le exigieron favores sexuales. Se negó. Según su relato, la enviaron a la cárcel y un médico la declaró mentalmente inestable. Terminó en el manicomio de La Castañeda. En Nadie me verá llorar, Cristina Rivera Garza reconstruye su historia. Lo que Matilda decía para explicar su detención quedó escrito en su expediente como parte de un relato considerado incoherente. El diagnóstico fue «locura moral». Aquí comienza un problema jurídico enorme. ¿Quién investigó la conducta de los soldados? La novela no muestra esa investigación ni una resolución judicial que esclarezca cómo se justificó su encierro. Sí muestra que Matilda siguió reclamando su libertad mediante escritos dirigidos a las autoridades. Su versión estaba documentada, pero era tratada con desconfianza por los médicos. La mujer que denunciaba un posible abuso terminó teniendo que defender la credibilidad de su propia palabra. Matilda murió en La Castañeda en 1958. Nunca sabemos si su denuncia era verdadera, falsa o incompleta. Precisamente para eso existe la justicia: para investigar los hechos, no para decidir de antemano que una persona no merece ser creída. Un diagnóstico psiquiátrico no demuestra que alguien mienta ni basta, por sí solo, para justificar su encierro. Cuando la palabra de una persona se convierte en síntoma y deja de ser escuchada como testimonio, el poder puede quitarle la libertad sin haber esclarecido siquiera lo que le ocurrió.