Macarena Velázquez

Una madre despierta a sus hijos de madrugada. Tienen que abandonar su casa porque un grupo criminal los amenazó de muerte. Salen con una mochila, dejando atrás su patrimonio, su trabajo, la escuela de los niños y toda una vida construida durante años. No están emigrando a otro país. Están huyendo dentro de México. Es el desplazamiento forzado, una tragedia que afecta a cientos de miles de personas y que puede convertir a familias enteras en refugiadas dentro de su propia nación. El caso llegó a la @SCJN. El @Consejo_Litigio exige que el Estado adopte una legislación integral y una respuesta institucional para proteger a estas personas. Pero el proyecto de la ministra María Estela Ríos propone negar el amparo porque considera que no existe una obligación jurídica suficientemente específica de crear esa ley y esa institución. Aquí aparece una contradicción que merece examinarse: la @CorteIDH ya reconoció el derecho a no ser desplazado forzadamente y la propia Suprema Corte mexicana ha establecido que los tratados internacionales pueden generar obligaciones de legislar. El asunto todavía no está resuelto. Y lo que decida la Corte puede trascender este caso: definirá hasta dónde puede exigirse judicialmente una respuesta del Estado frente a una crisis humanitaria. México ya tiene normas que obligan a atender a víctimas desplazadas, pero carece de una legislación integral. Los jueces no pueden sustituir al Congreso, pero sí controlar el incumplimiento de obligaciones constitucionales. Porque para una familia que perdió todo, la discusión no es abstracta: necesita protección, un lugar seguro, que sus hijos vuelvan a estudiar y la posibilidad de regresar a casa sin morir en el intento. ¿De qué sirve reconocer un derecho si el Estado no garantiza que pueda ejercerse?