Mario Herrera

Un adolescente de 16 años deja la preparatoria para trabajar en una obra. Nadie le prohibió estudiar: su familia necesita el dinero. Eso ayuda a entender un hallazgo inquietante. Cuando desapareció @Prospera_MX en 2019, una investigación encontró que, en las localidades más dependientes del programa, la matrícula de varones de 15 a 17 años cayó alrededor de 12 puntos porcentuales y aumentó su incorporación al trabajo. La sustitución de los apoyos tuvo consecuencias que van mucho más allá de repartir becas. Hay un precedente jurídico extraordinario. La @SCJN invalidó una disposición de la Ley de Educación de Michoacán que impedía dar recursos diferentes a escuelas con necesidades distintas. ¿La razón? Tratar igual a quienes enfrentan desigualdades puede violar la Constitución. Además, el artículo 4º ordena expresamente dar prioridad en las becas a estudiantes de familias pobres. La sentencia no resolvió el caso de las becas Benito Juárez, pero ofrece un criterio fundamental para examinar si el nuevo sistema está protegiendo suficientemente a quienes más lo necesitan. El gobierno puede presumir millones de becas entregadas, pero existe una obligación jurídica mucho más exigente: garantizar que la pobreza no impida ejercer el derecho a la educación. Una beca no cumple necesariamente su propósito porque el dinero haya llegado a una cuenta bancaria. Debe ayudar a que el estudiante permanezca en la escuela. Podemos tener un programa exitoso en número de depósitos y, al mismo tiempo, adolescentes que abandonan las aulas porque necesitan trabajar. Esa contradicción merece una explicación del Estado.

Tienes una empresa de transporte. La Guardia Nacional detiene una de tus pipas, asegura el combustible y te investiga por huachicol. Presentas facturas, permisos y documentos que acreditan su origen legal. El conductor recupera su libertad, pero tu camión y la carga pueden permanecer retenidos durante meses. Cada día pierdes dinero. Y nadie te dice cuándo terminará. Hay algo que pocos conocen: la ley de hidrocarburos contempla, la devolución de bienes asegurados “sin dilación alguna”. El aseguramiento sirve para investigar, no para castigar. Si desaparecen las razones que justificaban retener los bienes, la Fiscalía debe resolver conforme a la ley, no prolongar indefinidamente la incertidumbre. Esta es la dimensión más inquietante de la justicia: puedes recuperar tus bienes y haber perdido entretanto tu empresa. ¿De qué sirve que al final el Estado reconozca tus derechos si el tiempo que tardó en hacerlo destruyó tu patrimonio?

Un magistrado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa denuncia algo extraordinario: más de 120 sentencias presuntamente emitidas mediante sesiones que nunca se celebraron. Ricardo León Caraveo asegura que, después de denunciarlo, fue trasladado de adscripción como represalia. Hay un detalle jurídico fundamental: la ley exige la presencia de tres magistrados para celebrar válidamente las sesiones colegiadas de las Salas Regionales. Dos pueden decidir por mayoría, pero no pueden sustituir al tercero para integrar el quórum. Si se acredita que se simularon sesiones, no estaríamos ante simples errores judiciales, sino ante posibles falsificaciones de actos jurisdiccionales. La investigación de @SanjuanaNews en @lajornadaonline plantea una cuestión que nos afecta a todos: cuando un tribunal entrega una sentencia, ¿cómo podemos comprobar que realmente fue aprobada conforme a la ley? La justicia no puede descansar únicamente en la confianza que inspira un documento firmado.