La directora del @ICBFColombia no sabe cuántos niños están reclutados ni cuánto se invierte en prevenirlo, pero dice que no necesita más recursos. ¿Cómo pretende proteger a la niñez si ni siquiera sabe la magnitud del problema? 🫪 Hoy más que nunca quedamos con más preguntas que respuestas y por eso la Comisión no quedó satisfecha. Volveremos a citarla, los niños y las niñas no necesitan excusas. No vamos a dejar de exigir respuestas 🧐 . . #Niñez #ICBF #Presupuesto

Le anuncio al país que citaré a debate de control político a la ministra de las Culturas @paolaholguin por la censura a la que está sometiendo al sector, las mentiras en su hoja de vida, los nombramientos en su cartera que no cumplen los requisitos para ocupar sus cargos y las convocatorias suspendidas. La ministra le debe muchas respuestas al país.

Cuando Petro nombraba familiares de sus aliados políticos siempre lo denuncié como nepotismo. Ahora, cuando Abelardo lo hace, aparecen los que antes se indignaban a normalizarlo. Guárdense su doble rasero. Miles de personas preparadas sin apellido difícilmente llegan a esos puestos. Dejen de fingir. A nadie engañan.

Demandamos el decreto que reforma el uso de la fuerza pública en la protesta. Es regresivo e inconstitucional. 1. Solo el Congreso, mediante ley estatutaria, puede fijar los casos en que se limita el derecho a la protesta (art. 37 de la Constitución). Hacerlo por decreto debilita la movilización y la división de poderes. 2. El Decreto 003 de 2021, que el Gobierno de Abelardo modifica, nació de una orden de la Corte Suprema tras los excesos de la fuerza pública en 2019. El Gobierno lo cambió con una consulta de solo 7 días y sin convocar la Mesa Nacional de Garantías. 3. El nuevo decreto convierte el diálogo en una simple “preferencia” y permite saltárselo, también la mediación, incluso cuando no hay violencia. Además, abre la puerta a disolver protestas pacíficas por bloqueos. Esto es un retroceso. 4. La protesta es pacífica, pero también disruptiva. Bloquear una vía no es delito por sí solo (C-742/12), y el Gobierno lo justifica con cifras gremiales que él mismo reconoce como no verificadas. 5. Cuando se debilitan los contrapesos, la protesta pacífica es la herramienta para defender otros derechos: la libre asociación, la educación, la autonomía y la consulta previa.